El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha generado controversia al deslindarse de la responsabilidad por la seguridad del acto de cierre de campaña del presidente Javier Milei en La Plata. Kicillof afirmó que la provincia no puede garantizar un despliegue de seguridad adecuado, sugiriendo a la ciudadanía evitar la zona. Esta declaración, a pocos días de las elecciones, eleva la tensión política y plantea serios interrogantes sobre la coordinación entre el gobierno nacional y provincial en materia de orden público.
La advertencia de Kicillof se produce en un contexto de polarización política extrema, donde los eventos masivos suelen ser focos de conflicto. El gobernador, en declaraciones públicas, señaló la «falta de comunicación y coordinación» con la Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Según fuentes de la Gobernación, la solicitud de apoyo logístico y de personal de seguridad para el evento no fue respondida de manera satisfactoria, dejando al gobierno provincial en una posición de vulnerabilidad.
Desde el gobierno nacional, la respuesta no tardó en llegar. El ministro de Seguridad, Patricio Bullrich, calificó las declaraciones de Kicillof como «una irresponsabilidad política» y «una excusa para eludir sus obligaciones constitucionales». El Ministerio de Seguridad de la Nación aseguró que se ha ofrecido todo el apoyo necesario a través de las fuerzas federales, y que la coordinación es un proceso habitual en este tipo de eventos de alta convocatoria. La disputa pone de manifiesto una vez más la fractura en las relaciones institucionales entre el oficialismo y la principal provincia opositora.
El acto de cierre de campaña, previsto para el fin de semana en el emblemático Paseo del Bosque de La Plata, se perfila como un evento de gran envergadura. Se espera la asistencia de miles de militantes y simpatizantes del presidente. Sin embargo, la advertencia del gobernador podría disuadir a una parte de los asistentes y generar un clima de incertidumbre. La situación reaviva el debate sobre la responsabilidad de los gobiernos locales en la protección de los eventos políticos, especialmente cuando el anfitrión es una figura de la talla del Presidente de la Nación.
Expertos en seguridad y derecho constitucional han manifestado su preocupación. Según el abogado constitucionalista Jorge S. Ocampo, «la seguridad es un derecho fundamental de los ciudadanos, y la responsabilidad de garantizarla recae en el Estado en su conjunto, tanto en su esfera nacional como provincial. Un deslinde de responsabilidades de esta naturaleza, a menos que existan pruebas contundentes de imposibilidad logística, es una anomalía institucional que sienta un precedente peligroso».
La polémica generada por el anuncio del gobernador Kicillof no solo impacta en la logística del evento, sino que también tiene un claro tinte electoral. La confrontación pública con el gobierno de Milei se inserta en la narrativa de un oficialismo que busca consolidar su base de apoyo en la provincia de Buenos Aires, mientras la oposición provincial se enfrenta a los desafíos de gestionar un territorio que, en su visión, es desatendido por el poder central. El desenlace de esta disputa y su impacto en la participación del evento serán un claro indicador del estado de la relación política en el país.
