El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha tomado medidas drásticas al despedir y denunciar penalmente a 18 efectivos de la Policía Bonaerense que participaron en recientes protestas salariales en los municipios de Ituzaingó y Tres de Febrero. Los agentes fueron acusados de sedición e incumplimiento de deberes de funcionario público por abandonar sus funciones y utilizar recursos oficiales durante las manifestaciones.
La Constitución argentina prohíbe a las fuerzas de seguridad realizar reclamos salariales mediante protestas o huelgas. En este contexto, las demandas salariales de la Policía Bonaerense están vinculadas a las negociaciones paritarias de los empleados estatales. Recientemente, el gobierno provincial anunció un aumento del 9% para los trabajadores públicos, incluyendo a las fuerzas de seguridad, con un 7% en febrero y un 2% en marzo.
A pesar de este incremento, un grupo de policías organizó manifestaciones utilizando patrulleros y uniformes oficiales, lo que llevó al Ministerio de Seguridad, encabezado por Javier Alonso, a tomar acciones disciplinarias. «Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder en cada uno que haga o convoque una sublevación», afirmaron voceros del ministerio.
Las protestas fueron convocadas a través de redes sociales y contaron con la participación de familiares y policías retirados. Entre las demandas presentadas en un petitorio de 14 puntos, se incluía un aumento salarial del 100% sobre el sueldo básico, mejoras en la obra social IOMA y la libre elección de la misma, así como mejores condiciones laborales y asistencia psicológica gratuita.
No es la primera vez que la Policía Bonaerense enfrenta conflictos de este tipo. En septiembre de 2020, durante la pandemia, aproximadamente 1.200 efectivos participaron en una protesta similar que llegó hasta la residencia del gobernador en La Plata y la Quinta de Olivos. En aquella ocasión, las autoridades también tomaron medidas disciplinarias severas contra los participantes.
El gobierno provincial ha dejado en claro que no tolerará actos de insubordinación dentro de las fuerzas de seguridad y que continuará aplicando sanciones a quienes participen en este tipo de manifestaciones, enfatizando la importancia de mantener el orden y el cumplimiento de la ley en la provincia.
