A un año y medio de su llegada al país, la compañía española dio de baja la ruta directa y también recortó operaciones a Lima. Atribuyó la decisión al encarecimiento del combustible, en medio de una severa crisis financiera y judicial.
La aerolínea española Plus Ultra canceló este lunes y por tiempo indeterminado sus vuelos regulares que conectaban el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con Madrid, a apenas un año y medio de haber desembarcado formalmente en el mercado argentino. La medida drástica se conoció luego de que la compañía formalizara el viernes pasado un preconcurso de acreedores en España, un movimiento desesperado para intentar ordenar sus cuentas mientras recorta de manera agresiva su estructura y su programación internacional.
La suspensión de la ruta directa entre Buenos Aires y la capital española se concretó este 17 de noviembre, fecha en la que dejó de operar tras haber reducido sus frecuencias de cinco semanales a solo dos semanas atrás. La compañía, que también dio de baja sus servicios hacia Lima y solo mantuvo las conexiones con Caracas, indicó mediante un comunicado enviado a los pasajeros que los usuarios afectados recibirán notificaciones por correo electrónico, mientras que las reservas realizadas a través de agencias deberán canalizarse por esos mismos intermediarios.
El trasfondo de la caída incluye un fuerte deterioro financiero que se arrastraba desde hacía meses, marcado por un encarecimiento exponencial del combustible de aviación y por antecedentes conflictivos en su estructura societaria. Fundada en 2011, la empresa había logrado sobrevivir a la crisis de la pandemia gracias a un polémico rescate de 53 millones de euros otorgado en marzo de 2021 por el Estado español a través de la SEPI, un salvataje fuertemente cuestionado en el plano político por supuestas intermediaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El dato más sensible de la crisis actual radica en los números rojos que golpean a la firma y en el impacto judicial que sacudió a su plana mayor: entre febrero y agosto registró pérdidas operativas por 3.108 millones de euros, con un gasto proyectado en combustible que trepó de 6.913 a 10.483 millones. A esto se sumó el escándalo de diciembre de 2025, cuando dos de sus altos ejecutivos, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, fueron detenidos e investigados por la Fiscalía Anticorrupción bajo sospechas de blanqueo de capitales antes de recuperar su libertad.
Con la presentación del preconcurso ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 8 de Madrid, amparado en el artículo 585 de la Ley Concursal española, la aerolínea cuenta ahora con un plazo de tres meses —ampliables por otros tres— para negociar con sus acreedores y blindar sus bienes frente a ejecuciones judiciales. En paralelo, la gerencia encabezada por el presidente ejecutivo Hugo Castaño proyecta aplicar suspensiones temporales de contratos a una porción de su plantilla que oscila entre el 10% y el 70%, además de achicar drásticamente su flota de seis aviones de fuselaje ancho.
La salida abrupta de Plus Ultra deja un hueco inmediato en la oferta de conectividad transatlántica y reabre los interrogantes sobre la viabilidad de aerolíneas medianas en un mercado hipercompetitivo y castigado por los costos operativos. Mientras los pasajeros intentan destrabar la devolución de pasajes a través del portal de reclamos de la empresa, la atención se traslada a los tribunales madrileños y a la efectiva devolución de los millonarios fondos públicos que el Estado español le reclama a la compañía.












