La Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado un contundente rechazo a la decisión del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y reestructurar otros organismos de transporte clave, advirtiendo sobre un inminente aumento de accidentes viales y la precariedad laboral de miles de trabajadores. La central obrera califica la medida como «un ataque directo al modelo de país federal» y denuncia que el abandono de estas funciones esenciales pone en riesgo la vida de millones de argentinos que transitan las rutas del país.
La disolución de la DNV, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), fue oficializada mediante el Decreto 461/2025 y anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Esta reestructuración incluye la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que absorberá tareas de fiscalización, pero sin la jerarquía de los organismos descentralizados previos. La CGT insiste en que «sin obra pública, no hay justicia social ni desarrollo», remarcando la importancia de las rutas como «venas que conectan a nuestra Argentina productiva».
La dirigencia sindical ha sido categórica al señalar que la medida «no hace más que transformar a las rutas argentinas en un espacio donde, más temprano que tarde, el abandono derivará en más accidentes y peligro». Además, critica la desaparición de la CNRT y la ANSV como acciones «intempestivas e improvisadas», acusando al Poder Ejecutivo de generar incertidumbre laboral y desidia en la infraestructura vial, en lugar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El Gobierno, por su parte, defiende la decisión argumentando un ahorro anual de aproximadamente 100 millones de dólares y la optimización del mantenimiento vial mediante una mayor participación del sector privado. Según Adorni, el cierre de la DNV busca erradicar «décadas de despilfarro y corrupción» en la obra pública, afirmando que «la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada». Se detalló que la DNV contaba con 5.184 agentes, donde dos tercios realizaban tareas administrativas o jerárquicas, y se anunció que Gendarmería Nacional asumirá las tareas de control y prevención en rutas.
Sin embargo, los sindicatos del sector, como el Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) y ATE Nacional, han expresado su profunda alarma. Graciela Aleñá, titular de STVyARA, acusó al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger de propiciar «rutas nacionales de la muerte» y de desfinanciar a los organismos para desmantelarlos bajo el argumento de ineficiencia. También denunció que la medida es «profundamente ideológica» y busca hacer «negocios», derivando el Impuesto a los Combustibles a otros fines.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, sumó sus críticas, exigiendo la intervención de los gobernadores para frenar este «retroceso sin precedentes». Advirtió que el cierre de Vialidad implica el «abandono de miles de kilómetros de rutas nacionales y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo», y que la creación de la nueva Agencia de Control de Concesiones podría propiciar «mega negociados» y una «gran caja negra para la política». La CGT, en respuesta, ha anticipado que se pondrá a disposición para las acciones y medidas de fuerza que los trabajadores afectados decidan emprender en defensa de sus empleos y la seguridad vial.
