La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales atraviesa un punto de alta tensión, con las negociaciones estancadas tras la reciente derrota del oficialismo en el Senado. A cinco días del revés legislativo, el Gobierno aún no ha emitido una convocatoria formal para abordar los reclamos de las provincias, dejando en el aire la posibilidad de un acuerdo macro y generando incertidumbre sobre el futuro de la coparticipación.
Aunque existen «conversaciones permanentes y subterráneas», según fuentes de Casa Rosada, no se vislumbra un pacto general, sino más bien una «lógica de convivencia» con los gobernadores de PRO y la UCR. Un encuentro informal en la Sociedad Rural, convocado por su titular, Nicolás Pino, se perfila como el primer acercamiento tangible entre un grupo de mandatarios y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras semanas de creciente tirantez.
La derrota en el Senado por la distribución de ATN y el impuesto a los combustibles, sumada a la sanción definitiva del paquete previsional, ha dejado al Gobierno con escaso margen de maniobra. En los días previos a la sesión, se realizaron intentos de negociación a través de Eduardo «Lule» Menem, Lisandro Catalán y el propio Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió concesiones, lo que indica un reconocimiento de la necesidad de diálogo por parte del Ejecutivo.
En las provincias, la percepción es clara: el Gobierno ha tomado nota de la mayoría legislativa alcanzada por los gobernadores, y la unión coyuntural de los mandatarios podría extenderse. Gobernadores aliados, cansados del «destrato» del Ejecutivo, advierten sobre la capacidad de imponer acuerdos en temas clave como la Justicia o incluso un juicio político.
La comunicación entre los jefes provinciales se ha intensificado, y los gobernadores del PRO y la UCR que aún se identifican con Juntos por el Cambio analizan una estrategia conjunta para el próximo año, buscando una opción renovada con una nueva impronta. Este plan podría incluso integrar a líderes del peronismo. La estructura de los bloques en el Congreso, tal como se conocen, se prevé que sufrirá modificaciones sustanciales después del 10 de diciembre.
La postura del Gobierno respecto a los proyectos de reparto de ATN e impuesto a los combustibles aún no es homogénea, a pesar de que las provincias reclaman la liberación de fondos y cuestionan el destrato político. La pugna por la coparticipación y otros temas, como las barreras sanitarias en la Patagonia, mantienen la tensión. La inminente posibilidad de un veto presidencial al paquete previsional, aunque se considera menos complejo, sigue siendo un punto de fricción. En este escenario, los gobernadores se muestran firmes: no están dispuestos a ceder de manera gratuita.
