El Gobierno del presidente Javier Milei atraviesa un momento de alta complejidad política, donde la búsqueda de una «nueva épica» discursiva y de gestión choca de frente con una realidad legislativa adversa y el creciente malestar de los sectores que deberían conformar su base de sustentación política. Mientras el Ejecutivo instruye a sus ministros a enfocarse en la “gestión” para mejorar la imagen de cara a las elecciones, el termómetro del Círculo Rojo y los sondeos arrojan un pronóstico menos optimista: el nivel de satisfacción con “la marcha general de las cosas” ha caído a su punto más bajo desde el inicio de la administración, ubicándose en un precario 32%.
Este descenso en la imagen coincide con un deterioro en las relaciones con el Congreso Nacional, donde las expectativas de avances legislativos para el oficialismo son bajas. La situación más visible se da en torno a las comisiones de investigación, donde existe una fuerte reticencia a la cooperación. Trasciende que una facción del peronismo mantendría un acuerdo implícito para proteger a la hermana presidencial, Karina Milei, evitando su comparecencia, en una dinámica que subraya la dificultad del oficialismo para imponer su agenda en un Poder Legislativo fragmentado y reactivo a las iniciativas oficiales.
Fricciones con los Aliados y el Factor PRO
La tensión también se palpa en la relación con sus aliados potenciales, especialmente con el PRO y los gobernadores provinciales. El expresidente Mauricio Macri, aunque manifiesta su deseo de colaborar, ha expresado fastidio por lo que considera «desplantes» y manejos poco estratégicos hacia su espacio. La cúpula del PRO mantiene la idea de que son «oposición» con vocación de apoyo, pero exige gestos y una mayor apertura del Gobierno a incluir dirigentes de otros espacios. Esta dinámica de «no-colaboración» genera incertidumbre sobre la posibilidad de construir una alianza sólida con vistas al futuro.
Por otro lado, los reclamos de las provincias se hacen urgentes, especialmente en lo referente a la distribución de recursos. Un punto de máxima fricción es el debate por la coparticipación, en particular el coeficiente de reparto. Mientras la administración porteña explica que cualquier reclamo por la distribución de fondos debe realizarse ante la Corte Suprema, el Gobierno insiste en debatir una rebaja del coeficiente. Fuentes cercanas a la negociación reconocen que, al no haber avances técnicos, «el tema lo va a solucionar la política,» evidenciando la parálisis en áreas críticas de la relación fiscal federal.
En este contexto de fricciones internas y políticas, los pronósticos electorales también se moderan. Si bien la ministra de Seguridad lidera las encuestas para el Senado, la posibilidad de una victoria «arrasadora» como en las mejores épocas del PRO o Juntos por el Cambio ya fue descartada. La incertidumbre sobre el resultado electoral de medio término añade presión para que el presidente se defina sobre la apertura de su Gabinete a dirigentes de otros espacios, una incógnita clave que definirá la gobernabilidad post-comicios.
El desafío de la «nueva épica» no es solo mejorar la gestión, sino también traducir ese esfuerzo en capital político que permita al Gobierno articular una mayoría legislativa que hoy no posee. La tarea de unificar a las facciones dispersas de un oficialismo que se percibe como minoría en el Congreso será titánica. La falta de gestos concretos hacia gobernadores y aliados complica la perspectiva de lograr acuerdos estructurales que permitan avanzar con las reformas económicas prometidas.
El horizonte político para el Ejecutivo se presenta marcado por una ecuación delicada: buscar una victoria electoral que, aunque «módica», le otorgue legitimidad, mientras gestiona la desconfianza del Círculo Rojo, los recelos del PRO y las urgencias fiscales de las provincias. Si el Gobierno no logra revertir la caída en la satisfacción general y aceitar los mecanismos de negociación con los sectores políticos clave, el mandato de «sacar a relucir la gestión» corre el riesgo de ser opacado por la complejidad y la falta de capacidad de articulación política.
