La controvertida figura de Rafael Di Zeo, líder de la barra brava de Boca Juniors, sufrió un revés significativo al serle denegada la adquisición de una propiedad millonaria en el exclusivo barrio privado Abril, ubicado en Hudson, provincia de Buenos Aires. Este episodio no solo expone las rigurosas normativas internas de las comunidades residenciales, sino que también subraya el persistente escrutinio público sobre el pasado judicial del influyente referente futbolístico, que choca con sus crecientes ambiciones en el mundo de los negocios.
El intento de Di Zeo por establecerse en este selecto enclave, con una inversión que superaba el millón de dólares, se topó con una férrea oposición vecinal. La normativa interna del country Abril exige que toda nueva admisión sea propuesta por al menos dos propietarios y, posteriormente, sometida a la aprobación del resto de los copropietarios. Pese a contar con el respaldo de figuras como Jorge Amor Ameal, actual vicepresidente de Boca Juniors, y Carlos Daniel Tomeo, un empresario tabacalero con un perfil mediático controvertido, una facción de residentes articuló un fuerte rechazo. La negativa se fundamentó, principalmente, en el voluminoso historial judicial y policial de Di Zeo, que incluye acusaciones por coacción agravada, asociación ilícita y episodios de violencia.
La decisión de los vecinos no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto donde el historial judicial de Di Zeo sigue siendo un factor determinante. Su nombre ha estado vinculado a incidentes de alta visibilidad, como un tiroteo en 2013 que dejó dos víctimas fatales y, más recientemente, una imputación en 2024 por tenencia de armas de guerra y drogas. Aunque fue absuelto en la causa del doble homicidio de 2013, la fiscalía ha apelado la sentencia ante la Corte Suprema, manteniendo viva la incertidumbre legal sobre su situación. Esta trama legal complejiza su imagen pública y sus aspiraciones personales.
Actualmente, Di Zeo se encuentra bajo un régimen de libertad condicional por un período de dos años y medio, impuesto en marzo de 2025, a raíz de la posesión compartida de un arma de guerra. Esta medida restrictiva incluye el cumplimiento de diversas condiciones, como un pago de 2.5 millones de pesos, la realización de trabajos comunitarios, la participación en campañas de la AFA contra la violencia en el fútbol y la obligación de someterse a tratamiento psicológico. Además, se mantiene en vigor una prohibición nacional de ingreso a eventos deportivos, lo que acentúa su estatus de figura controversial dentro y fuera de los estadios.
El mecanismo de votación en el country Abril requería al menos el 20% de los votos en contra para denegar una solicitud de admisión. En el caso de Di Zeo, 371 propietarios, lo que representa un 36.5% del total, se manifestaron en contra de su ingreso, una cifra contundente que selló su destino en el barrio. Este resultado no solo refleja la preocupación de los residentes por la seguridad y la reputación del vecindario, sino que también pone de manifiesto la capacidad de una comunidad organizada para ejercer su derecho de admisión basándose en antecedentes y percepciones sobre la convivencia.
A pesar de este revés en sus aspiraciones residenciales, Di Zeo ha demostrado una notable capacidad para reinventarse en el ámbito empresarial. Su incursión más reciente es el lanzamiento de una línea de alfajores bajo la marca «Jugador Nro 12», con un precio proyectado de 1200 pesos por unidad. Este emprendimiento se suma a un portafolio de marcas registradas por él y su esposa, que incluyen «Jugador Número 12», «Los Dueños de la historia», «La Doce», «Jugador Número 12 Presente» y «RD», esta última utilizada para una línea de indumentaria. La expansión de sus negocios, que también contempla la posibilidad de vender una serie sobre su vida a plataformas de streaming, evidencia una diversificación estratégica que busca capitalizar su notoria figura más allá del ámbito futbolístico.
