La investigación judicial que rodea el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un capítulo determinante con la comparecencia de dos testigos clave ante los tribunales de Comodoro Py. Se trata de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, identificadas como las prestamistas que facilitaron la adquisición de una propiedad del funcionario en el barrio porteño de Caballito. La citación, dispuesta en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, busca establecer la veracidad y el origen de los fondos de un préstamo que presenta condiciones inusuales para el mercado financiero actual.
Según la información que consta en el expediente liderado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, las testigos —madre e hija— habrían vendido a Adorni un departamento de 135 metros cuadrados. Lo que despertó las alarmas de los investigadores no fue la transacción en sí, sino la modalidad de pago: el funcionario habría abonado una suma inicial de 30.000 dólares, quedando un saldo pendiente de 200.000 dólares bajo una hipoteca entre privados. Este compromiso de pago, que debería cancelarse en noviembre de este año, llamativamente no contempla el devengamiento de intereses, una práctica poco frecuente en operaciones de tal envergadura.
La Justicia intenta determinar la trazabilidad del dinero y si estos acuerdos privados ocultan, en realidad, un incremento patrimonial injustificado. Durante las audiencias previas, otros testigos, como el exfutbolista Hugo Morales —también vinculado a la venta de la propiedad—, declararon sobre las condiciones del inmueble y los términos de la oferta. La fiscalía ha puesto el foco en estos «préstamos familiares» o de particulares que Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción, pero que carecen de detalles pormenorizados sobre su constitución y la capacidad económica de los prestamistas para otorgarlos.
Este frente judicial se suma a otras inconsistencias detectadas por la fiscalía, entre las que destaca la presunta omisión de una propiedad en el exclusivo Country Indio Cuá Golf Club, en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con las denuncias que dieron origen a la imputación, este inmueble no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial Integral del funcionario. El juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado donde tramita la causa, ha autorizado diversas medidas de prueba para cruzar datos bancarios, registros de propiedad y movimientos migratorios de Adorni y su círculo íntimo.
Desde el entorno del Jefe de Gabinete y el propio Poder Ejecutivo, la estrategia ha sido hasta ahora el silencio o la desestimación de las acusaciones, calificándolas como parte del «ruido político». Sin embargo, el avance de la acción penal y la citación de las acreedoras marca un punto de inflexión. El fiscal Pollicita busca corroborar si el nivel de endeudamiento declarado por el funcionario es una herramienta legítima de financiación o una maniobra para justificar un nivel de vida y una acumulación de bienes que no se condicen con sus ingresos registrados en el sector público.
El desenlace de estas testimoniales será crucial para definir si la causa avanza hacia un procesamiento o si se logran justificar las «zonas grises» del patrimonio del vocero presidencial. En un contexto donde la transparencia es una de las banderas del discurso oficialista, la resolución de este expediente tendrá implicancias que trascienden lo jurídico. El impacto político de un eventual desfasaje patrimonial comprobado podría obligar al Gobierno a revisar la permanencia de una de sus figuras más visibles en el organigrama de la gestión actual.
