La Provincia de Buenos Aires extendió los plazos para choferes de colectivos y camiones debido a las severas demoras para conseguir turnos. Solo hay tres centros habilitados para toda la provincia.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, oficializó una prórroga excepcional de 120 días corridos para el vencimiento de las Licencias Nacionales de Conducir profesionales e interjurisdiccionales. La medida responde de manera directa al colapso y las demoras operativas surgidas tras la implementación de un nuevo esquema de otorgamiento y renovación, el cual dejó a miles de choferes de cargas y pasajeros en una situación de virtual parálisis legal ante la imposibilidad de revalidar sus registros.
La decisión, formalizada mediante la Disposición 12/2026 y firmada por el director provincial del área, Lucas Migliavacca, alcanza a los conductores de las clases C, D y E cuyos vencimientos operen o hayan operado entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026 inclusive. El cuello de botella se originó tras la puesta en marcha, el pasado 6 de julio, de un convenio de delegación de facultades entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el gobierno bonaerense, que exige nuevas instancias de capacitación, exámenes psicofísicos y evaluaciones que solo pueden realizar prestadores registrados formalmente ante el organismo nacional.
Este escenario de urgencia no es nuevo, sino la profundización de una crisis administrativa que la administración de Axel Kicillof ya había intentado emparchar. Previamente, la Disposición 10/2026 había establecido una tregua transitoria de 60 días para los vencimientos de julio y agosto, bajo la promesa de que el sistema se encauzaría. Sin embargo, ante el vencimiento inminente de ese plazo, la presión combinada de sindicatos del transporte, cámaras empresarias del sector y varios municipios bonaerenses obligó a las autoridades provinciales a duplicar el tiempo de prórroga para evitar un conflicto mayor en las rutas.
Detrás de la decisión de extender el plazo por cuatro meses se esconde un dato de extrema precariedad estatal: actualmente, para abastecer a la provincia más poblada del país y con el mayor parque de transporte pesado de la Argentina, solo existen tres prestadores médicos y de capacitación efectivamente incorporados y habilitados para operar en el Registro de Prestadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (REPRE). El resto de las entidades de salud y formación profesional del territorio bonaerense todavía se encuentran en las fases preliminares de un trámite burocrático de inscripción nacional que avanza a cuentagotas.
Con esta prórroga de 120 días, el Ministerio de Transporte bonaerense busca ganar un tiempo vital para que nuevos centros médicos y de capacitación logren sortear los requisitos del REPRE y amplíen de forma urgente la oferta de turnos. Si la burocracia de la ANSV no agiliza la homologación de estos nuevos postulantes en el corto plazo, el sistema de transporte de cargas y de pasajeros de media y larga distancia volverá a quedar al borde del colapso en el mes de noviembre, cuando venzan de forma masiva los plazos hoy extendidos.
La resolución del conflicto expone la distancia habitual entre el diseño de las políticas de seguridad vial en los escritorios y la viabilidad de su aplicación real en el territorio. Aunque el endurecimiento de los controles psicofísicos para los choferes profesionales resulta una medida indiscutible en términos de seguridad pública, la falta de previsión en la infraestructura de atención transformó una buena intención en un laberinto burocrático que, por ahora, solo se resuelve postergando los vencimientos.
