Una nueva filtración de mensajes y capturas de pantalla ha sacudido el escenario político y judicial, exponiendo cómo el consultor y exfuncionario Novelli habría utilizado su cercanía con el presidente Javier Milei para presionar u obtener beneficios económicos. El eje de la controversia se centra en comunicaciones donde se menciona explícitamente el pago de sumas en dólares bajo el concepto de «los de siempre», sugiriendo una mecánica de recaudación o tráfico de influencias basada en el acceso directo al despacho presidencial. Esta revelación no solo compromete la imagen de transparencia que el Ejecutivo intenta proyectar, sino que activa una línea de investigación judicial sobre el uso de nombres oficiales para fines particulares.
El material probatorio, que ya forma parte de un expediente en la justicia federal, detalla diálogos donde Novelli ostenta su capacidad de llegada al mandatario para agilizar gestiones o destrabar conflictos. En uno de los fragmentos más comprometedores, se lee la instrucción directa de abonar «los USD 2.000 de Milei de siempre», una frase que los investigadores interpretan como una posible cuota por servicios de intermediación o, en el peor de los casos, un esquema de retornos ilegales. Si bien desde el entorno presidencial se han apresurado a desvincularse de las acciones del consultor, la frecuencia y el tono de los mensajes sugieren una familiaridad que resulta difícil de ignorar para los fiscales intervinientes.
Expertos en derecho penal señalan que este tipo de evidencias podrían configurar delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. El contexto de estas conversaciones se remonta a un período de alta intensidad en la toma de decisiones económicas, donde el acceso a información privilegiada o la posibilidad de influir en decretos representaba un activo de valor incalculable para actores del sector privado. Según fuentes judiciales, la autenticidad de los dispositivos móviles desde donde se extrajeron los chats ya ha sido certificada, lo que otorga a las capturas un peso procesal determinante para las próximas citaciones a declarar.
La defensa de Novelli, por su parte, sostiene que los mensajes han sido sacados de contexto y que las menciones al presidente responden a una jerga interna o a interpretaciones erróneas de colaboraciones profesionales legítimas. Sin embargo, la acumulación de datos duros y la repetición de montos específicos en moneda extranjera complican la narrativa del «malentendido». Para la opinión pública, este caso reaviva el debate sobre la «casta» y los intermediarios que operan en las sombras del poder, una estructura que el actual gobierno prometió desarticular desde sus cimientos pero que hoy parece reproducirse en sus propios círculos de confianza.
En el plano político, el impacto es profundo. La oposición ha solicitado de inmediato informes detallados sobre el rol que desempeñaba Novelli y el alcance de sus atribuciones reales dentro de la estructura de asesores de la Casa Rosada. Por otro lado, dentro del oficialismo existe una creciente preocupación por el «daño colateral» que estas filtraciones puedan causar en la credibilidad de la gestión, especialmente en un momento donde se requieren consensos legislativos para avanzar con reformas estructurales. El hermetismo en Balcarce 50 es total, mientras los asesores legales de la presidencia preparan una estrategia para encapsular el escándalo y evitar que las esquirlas alcancen la figura del jefe de Estado.
El cierre de esta etapa investigativa proyecta un horizonte de mayor conflictividad judicial, con la posibilidad de nuevos peritajes sobre otros implicados mencionados en los chats. El avance de la causa determinará si se trató de una conducta aislada de un individuo ambicioso o si, por el contrario, existía una estructura de recaudación paralela operando bajo el amparo del prestigio presidencial. La resolución de este caso será un test de ácido para la independencia judicial y para la narrativa de integridad que sostiene el actual ciclo político argentino.
