El fiscal federal Diego Luciani reactivó el debate sobre la corrupción y la impunidad en Argentina, al asegurar categóricamente que este flagelo constituye un «atentado contra la democracia». En una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) elevó una crítica directa a la dilación judicial en la causa conocida como Vialidad, urgiendo al tribunal competente a avanzar con el remate y ejecución de los bienes que fueron decomisados. La sociedad, según Luciani, necesita ver la recuperación de los fondos sustraídos para que las sentencias adquieran un carácter verdaderamente ejemplar.
Esta posición se enmarca en la persistente disputa legal sobre el decomiso de activos a los condenados en la causa, que incluye a la ex presidenta Cristina Kirchner. Luciani enfatizó que, dado que la condena y el decomiso están firmes, lo único pendiente es la ejecución de la sentencia. El fiscal precisó que la suma decomisada supera los 500 millones de dólares, y que la falta de ejecución socava la credibilidad del sistema de justicia en su lucha contra la gran corrupción.
El contexto de su reclamo es crucial: en la causa Vialidad, los fiscales sostienen que la corrupción fue sistemática y colosal, afectando recursos que deberían haberse destinado a los sectores más vulnerables. Luciani recordó que la condena estableció un decomiso solidario, y que se han presentado múltiples escritos ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para que se concrete la subasta de las propiedades, hoteles y depósitos vinculados al esquema ilícito.
Expertos en derecho penal económico coinciden en que la recuperación de activos es un pilar fundamental en la lucha anticorrupción, actuando como disuasorio y reparador. Según el análisis de juristas, la demora en la ejecución de decomisos firmes puede enviar un mensaje de impunidad fáctica, aun cuando exista una sentencia condenatoria. La presión del fiscal se interpreta, así, como una respuesta a la «fatiga social» ante la lentitud de los procesos.
Luciani también abordó la magnitud del desvío de fondos. Puso como ejemplo la obscenidad del enriquecimiento de Lázaro Báez, quien, sin bienes registrables en 2003, llegó a adquirir en 12 años más de 420.000 hectáreas, el equivalente a «20 ciudades de Buenos Aires», además de cientos de inmuebles y bienes muebles, y una fuga de 55 millones de dólares al exterior. Estos datos duros ilustran por qué el fiscal sostiene que la corrupción atenta contra los Derechos Humanos.
El reclamo de Luciani subraya la dicotomía central que atraviesa al Poder Judicial en la Argentina: «Esto es corrupción o justicia». La resolución de la ejecución de bienes en la Causa Vialidad se perfila como una prueba de fuego para el sistema, determinando si la justicia es capaz de traducir sus fallos en una reparación patrimonial efectiva para el Estado y la sociedad, y si puede proyectar la firmeza necesaria para desalentar futuros actos de gran corrupción.
