La diputada nacional Marcela Pagano se presentó este miércoles ante los tribunales de Comodoro Py para ampliar la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En una presentación realizada ante el juez federal Ariel Lijo, la legisladora aportó nueva documentación que, según su exposición, acreditaría la existencia de una estructura financiera en el exterior vinculada al entorno del funcionario nacional. La ampliación de la denuncia coincide con un momento de alta exposición pública de ambos protagonistas en la arena política nacional.
En su declaración, Pagano señaló la presunta existencia de una sociedad offshore denominada “IM Group S.A.S.”, radicada en la República Oriental del Uruguay. Según la diputada, esta firma estaría vinculada al periodista Marcelo Grandío y formaría parte de un circuito de desvío de fondos provenientes de pauta publicitaria vinculada a contenidos emitidos en canales públicos. Pagano solicitó ser citada como testigo para detallar lo que denominó como «la ruta del dinero de Adorni», sugiriendo que existen inconsistencias patrimoniales que deben ser investigadas por la justicia federal.
La presentación judicial se produjo de manera simultánea a la presencia de Adorni en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. Fuentes de la defensa del jefe de Gabinete han desestimado previamente estas acusaciones, calificándolas de «maniobras políticas sin sustento fáctico». No obstante, la entrega de una carpeta con supuestos movimientos bancarios y registros societarios obliga al juez Lijo y al fiscal interviniente a evaluar la apertura de nuevas líneas de investigación para verificar la veracidad de los datos aportados por la legisladora.
Expertos en derecho penal económico explican que, en causas de enriquecimiento ilícito, la carga de la prueba sobre la trazabilidad de los bienes es fundamental. La mención de sociedades en el extranjero añade una complejidad técnica al caso, ya que requeriría exhortos internacionales para obtener información oficial de las autoridades uruguayas. Esta causa se suma a otras investigaciones que suelen afectar a funcionarios de alto rango, poniendo a prueba los mecanismos de control patrimonial y ética pública del Estado nacional.
La relación entre Pagano y el actual gobierno ha sufrido un deterioro progresivo, lo que añade un condimento político insoslayable a la disputa judicial. Mientras la diputada sostiene que su acción busca la transparencia en el manejo de los fondos públicos, desde el oficialismo se le atribuye una intencionalidad de desgaste hacia la figura del jefe de Gabinete. Este enfrentamiento ha escalado al punto de judicializar aspectos del pasado profesional y personal de los involucrados, captando la atención de la opinión pública y el arco político.
El futuro de la denuncia dependerá de las medidas que ordene el juez Lijo en los próximos días, incluyendo posibles pedidos de informes a la AFIP y a la Oficina Anticorrupción. Si se comprueban irregularidades en la evolución patrimonial o en el uso de estructuras offshore no declaradas, el escenario para Adorni podría complicarse legalmente. Por lo pronto, la ampliación de la denuncia presentada por Pagano instala una sombra de sospecha sobre el jefe de Gabinete que promete mantenerse en la agenda mediática y judicial durante los próximos meses.
