El presidente Javier Milei concretó un significativo encuentro en Casa Rosada con 20 de los 24 gobernadores del país, sellando una estratégica «foto de unidad» que busca robustecer su base de sustentación política de cara a la ambiciosa agenda de reformas que planea impulsar en el Congreso, con el Presupuesto 2026 como objetivo inmediato. Este movimiento, ocurrido tras las recientes elecciones que consolidaron el caudal de votos de La Libertad Avanza (LLA) en gran parte del territorio nacional, marca una señal de apertura al diálogo institucional y gobernabilidad, crucial para transmitir certeza tanto a los mercados internos como a organismos internacionales como Washington.
La cumbre, que sentó en la misma mesa al gabinete completo y a la mayoría de los jefes provinciales —con la notable excepción de cuatro gobernadores peronistas no invitados, entre ellos Axel Kicillof—, se centró en la necesidad de articular consensos para aprobar el Presupuesto del próximo año. Según fuentes cercanas a Jefatura de Gabinete, el oficialismo considera la sanción de esta ley de leyes como un paso fundamental para reordenar las cuentas públicas y avanzar en su plan de ajuste fiscal, otorgando además un marco de previsibilidad económica.
En este contexto de negociación, los mandatarios provinciales aprovecharon la ocasión para plantear inquietudes específicas. Se destacó el pedido de los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, a cargo de provincias petroleras, quienes solicitaron formalmente al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la quita de retenciones para las exportaciones de petróleo convencional. Esta demanda se fundamenta en la caída de la explotación del recurso y la salida de YPF de algunas áreas, buscando mitigar el impacto económico en las arcas provinciales.
Analistas políticos interpretan esta convocatoria como un giro pragmático del oficialismo, que, a pesar de su minoría legislativa, busca apoyo territorial y político para sus reformas. El diálogo con los gobernadores es visto como la llave para desbloquear el entramado parlamentario y asegurar la gobernabilidad necesaria para aplicar medidas de fondo. Expertos en derecho constitucional señalan que la coordinación interjurisdiccional será vital para evitar futuras disputas judiciales que puedan obstaculizar la implementación de las leyes.
El éxito en la negociación del Presupuesto 2026 se perfila como el test inicial para medir la capacidad de Milei de articular acuerdos más allá de su fuerza propia. Una vez superado este escollo, la agenda legislativa se enfocará rápidamente en la reforma laboral y la reforma tributaria, en ese orden, tal como trascendió desde las cúpulas del Gobierno. Adicionalmente, se prevé la discusión de una reforma integral del Código Penal, elementos que reafirman la intención del Ejecutivo de transformar la estructura económica y legal del país.
En definitiva, la imagen de unidad con los gobernadores no solo proporciona un valioso respaldo político en el presente, sino que también sienta las bases para una proyección de estabilidad institucional que el Gobierno necesita capitalizar. La celeridad con la que el oficialismo busca debatir y sancionar el Presupuesto 2026 en el nuevo escenario legislativo es un indicativo claro de que la Casa Rosada busca imprimir una alta velocidad a su plan de reformas, buscando generar un impacto económico visible y consolidar su proyecto político en el corto plazo.
