Miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación marcharon este miércoles hacia el Congreso Nacional para rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario impulsado por Javier Milei. La movilización, convocada bajo la consigna “Defendamos la educación pública”, coincidió con el debate parlamentario sobre la posibilidad de revertir el veto y reabrir el financiamiento para las universidades nacionales.
La protesta comenzó con concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y un apagón simbólico realizado la noche anterior en varias instituciones educativas. Desde las primeras horas de la tarde, columnas de estudiantes y gremios confluyeron en Plaza Houssay y marcharon hacia el Congreso, donde se desarrollaba la sesión. En paralelo, trabajadores del Hospital Garrahan, en paro por la emergencia pediátrica, se sumaron a la manifestación para visibilizar el impacto del veto presidencial en la salud pública.
En el escenario montado frente al Parlamento, profesionales del Garrahan leyeron un documento en el que advirtieron que la falta de financiamiento “pone en riesgo a uno de los principales hospitales pediátricos de alta complejidad de América Latina”. Denunciaron además que las reformas impulsadas por el Ejecutivo precarizan las condiciones laborales y debilitan la formación médica en residencias nacionales.
El clima de la protesta también estuvo atravesado por un fuerte apoyo político. Sergio Massa, líder del Frente Renovador, publicó en redes sociales: “Hoy en la calle y en el Congreso se defiende, de nuevo, el derecho de los hijos de trabajadores a la universidad y el derecho de los chicos que necesitan de la excelencia del Garrahan para salvar sus vidas”. Desde sectores sindicales y opositores remarcaron que el veto “representa un ataque directo a la salud y a la educación pública”.
Los organizadores señalaron que la convocatoria superó las expectativas iniciales, con la participación de agrupaciones estudiantiles, sindicatos docentes, federaciones universitarias y asociaciones de jubilados. Analistas políticos interpretaron la marcha como una señal de desgaste en la relación entre el Gobierno y la sociedad civil, en un contexto de creciente conflictividad social por los recortes presupuestarios.
El desenlace dependerá de la decisión del Congreso sobre el veto presidencial. Si bien la oposición busca revertirlo, la votación promete ser ajustada. De confirmarse el recorte, especialistas advierten que las universidades públicas podrían enfrentar dificultades críticas para sostener su funcionamiento en 2026. La movilización, sin embargo, dejó en claro que el debate sobre la educación pública seguirá siendo un eje central de la agenda política argentina.
