Una investigación publicada en la prestigiosa revista científica Nature reveló que sucesivas administraciones provinciales del Chaco impulsaron durante al menos 15 años cambios en los regímenes de protección del bosque nativo, facilitando así la deforestación ilegal en el Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de América del Sur después de la Amazonía. El hallazgo genera un fuerte impacto político e institucional.
Según el estudio, los mecanismos utilizados incluyeron modificaciones en la zonificación territorial que habilitaron desmontes en áreas que la legislación nacional —en particular la Ley de Bosques de 2007— debería haber protegido. Los autores señalan que estas maniobras ocurrieron de manera sistemática y con participación activa de funcionarios de distintos signos políticos a lo largo de las décadas analizadas.
El Gran Chaco alberga una biodiversidad única y es hogar de numerosas comunidades indígenas cuya subsistencia depende directamente del monte. La deforestación en esta región ha sido señalada por organismos internacionales como una de las más aceleradas del mundo, con consecuencias directas sobre el clima, el agua y los modos de vida ancestrales de sus habitantes.
La publicación en Nature aumenta la presión sobre las autoridades chaqueñas y nacionales para que se revisen los marcos regulatorios y se investiguen responsabilidades políticas concretas. Organizaciones ambientalistas ya anunciaron que utilizarán el informe como evidencia en causas judiciales en curso relacionadas con el desmonte ilegal en la región.
