
Un especialista en defensa del usuario vial advirtió que el modelo de concesión impulsado por el Gobierno nacional no contempla ampliaciones de infraestructura.
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, Ricardo Lasca, cuestionó el nuevo sistema de concesiones para el peaje del puente Chaco-Corrientes y denunció que el esquema impulsado por el Gobierno nacional no prevé obras de ampliación. La crítica apunta directamente al modelo tarifario que se está diseñando para uno de los pasos estratégicos del NEA.
Lasca alertó que los usuarios pagarán tarifas de concesión sin que eso implique inversión en infraestructura adicional. No se conocieron aún los montos concretos de las nuevas tarifas ni el nombre de las empresas que participan del proceso licitatorio, pero el cuestionamiento se centra en la lógica del modelo: cobrar más sin ampliar la capacidad del puente.
El puente General Belgrano, que une Resistencia con Corrientes sobre el río Paraná, es uno de los puntos de mayor tránsito del norte argentino. Funciona con una sola calzada bidireccional, lo que genera cuellos de botella frecuentes, especialmente en fines de semana y temporada turística. La demanda de un segundo puente o de ampliaciones es histórica en la región.
El dato más significativo es que la denuncia no viene de la oposición política sino de un organismo técnico de defensa del usuario. Eso le da un carácter distinto al cuestionamiento: no es una disputa partidaria sino una objeción de fondo al diseño del contrato que el Estado nacional está por firmar con privados.
Si el esquema avanza sin modificaciones, los usuarios del puente enfrentarán aumentos tarifarios sin contrapartida en obras. Lasca y el Comité podrían presentar impugnaciones formales o recurrir a la Justicia para frenar o condicionar la licitación. Es un camino posible, aunque depende de los plazos administrativos del proceso concesional, que no fueron precisados.
La discusión sobre el peaje Chaco-Corrientes es, en el fondo, un caso testigo del modelo de concesiones que el Gobierno nacional quiere replicar en rutas y pasos de todo el país. Si la fórmula de cobrar sin invertir se consolida aquí, el precedente puede pesar mucho más que el peaje en sí.













