El informe elaborado por el historiador Alejandro Jasinski reconstruye la represión contra más de 300 indígenas moqoit y suma una dimensión académica inédita al expediente judicial.
Un extenso peritaje elaborado por el historiador Alejandro Jasinski fue incorporado formalmente a la causa judicial que investiga la Masacre de El Zapallar, un episodio de represión estatal contra comunidades indígenas moqoit del Chaco que durante décadas permaneció en los márgenes de la memoria oficial. El informe aporta una reconstrucción histórica documentada de los hechos y sus contextos, algo que los expedientes judiciales sobre crímenes históricos raramente tienen desde el inicio.
La masacre involucró a más de 300 personas de la comunidad moqoit y constituye uno de los episodios más graves de violencia estatal contra pueblos originarios en la historia chaqueña. El peritaje de Jasinski no es un testimonio sino un trabajo académico de largo aliento incorporado como prueba técnica, lo que le otorga un estatus procesal diferente al de las declaraciones de testigos o sobrevivientes.
Las investigaciones judiciales sobre masacres y represiones a pueblos originarios en Argentina tienen antecedentes fragmentados. La Masacre de Napalpí, también en el Chaco, tuvo su juicio por la verdad en 2022, casi cien años después de los hechos, y sentó un precedente sobre cómo el sistema judicial puede abordar crímenes históricos sin posibilidad de condena penal pero con valor reparatorio y simbólico enorme.
Lo que cambia con la incorporación del peritaje es la calidad del andamiaje probatorio: un informe histórico riguroso puede anticipar, corroborar o contradecir versiones, identificar responsabilidades institucionales y establecer cadenas de mando que los testimonios orales no siempre logran reconstruir con precisión. En causas donde los perpetradores directos ya no pueden ser juzgados, ese tipo de evidencia se vuelve central.
No hay información confirmada sobre próximas audiencias ni sobre si el peritaje será impugnado por alguna de las partes. Lo que sí está claro es que su incorporación marca un avance procesal en una causa que investiga hechos ocurridos hace décadas, y que el expediente seguirá nutriéndose de evidencia antes de que el tribunal pueda avanzar hacia una resolución.
Que la Justicia chaqueña incorpore una investigación histórica académica a un expediente judicial sobre una masacre indígena es, en sí mismo, un hecho relevante. No porque garantice justicia —los tiempos judiciales en causas de esta naturaleza son largos y complejos— sino porque reconoce que la historia documentada tiene un lugar en el proceso legal, y que el Estado puede ser investigado por lo que hizo contra las comunidades que habitaban su propio territorio.
