Con la llegada de enero de 2026, miles de usuarios del sistema financiero argentino se encuentran ante una ventana de oportunidad legal debido a la prescripción de deudas de tarjetas de crédito. De acuerdo con la normativa vigente, ciertas obligaciones financieras pierden validez jurídica este mes, lo que impide a las entidades bancarias o agencias de cobranza reclamar el pago judicialmente. Este proceso, regulado por el Código Civil y Comercial y la Ley de Tarjetas de Crédito, busca dar cierre a morosidades que han superado los plazos de exigibilidad establecidos por la ley.
El marco legal estipula dos plazos diferenciados para la prescripción: la vía ejecutiva y la vía ordinaria. En el primer caso, la acción para reclamar el cobro de manera acelerada prescribe a los tres años desde que se produjo la mora; en el segundo, para el reclamo del monto total, el plazo se extiende a cinco años. Según especialistas en derecho al consumidor, este mes de enero es clave porque vencen las deudas originadas durante períodos críticos previos, permitiendo que muchos deudores queden liberados de la persecución legal, siempre que no haya habido interrupciones por notificaciones fehacientes.
Es fundamental comprender que la prescripción no ocurre de forma automática en los registros de morosos como el Veraz o el Nosis. Aunque la deuda ya no pueda ser cobrada judicialmente, el dato negativo puede persistir, lo que requiere que el usuario inicie gestiones para ejercer su derecho al «olvido» financiero según la Ley de Protección de Datos Personales. Expertos del sector bancario recomiendan a los usuarios solicitar un informe de deuda para verificar el estado de sus obligaciones y, en caso de que hayan caducado, proceder con los trámites de rectificación correspondientes.
A pesar de que la deuda prescriba, las entidades financieras suelen vender estas carteras morosas a estudios de cobranza que continúan con reclamos extrajudiciales, a menudo mediante llamadas o correos electrónicos. Organizaciones de defensa del consumidor advierten que estas prácticas, aunque comunes, no tienen fuerza de ley una vez vencidos los plazos mencionados. Es vital que el usuario conozca sus derechos para no ser presionado a firmar planes de pago que podrían reactivar o «renovar» los plazos de una deuda que legalmente ya estaba extinguida.
Esta situación refleja un problema estructural en la economía argentina: el alto nivel de endeudamiento de las familias para cubrir gastos corrientes. El vencimiento de estas deudas en enero de 2026 proporciona un alivio a un sector de la población, pero también pone de relieve la necesidad de una mayor educación financiera. Según informes de consultoras económicas, el uso de tarjetas de crédito como sustituto del salario ha llevado a niveles de morosidad que el sistema judicial no puede procesar con eficiencia, derivando en estas caducidades masivas.
Hacia el futuro, se espera que el Banco Central y los organismos de control refuercen la supervisión sobre las agencias de cobranza para evitar abusos sobre deudas prescriptas. Para el deudor, el inicio de este nuevo año representa una posibilidad de saneamiento de su historial crediticio, permitiéndole reinsertarse gradualmente en el sistema formal de consumo. No obstante, la reflexión final para el consumidor es la cautela: la prescripción es un recurso legal de última instancia, pero la salud financiera a largo plazo solo se construye mediante la planificación y el uso responsable del crédito.
