El máximo tribunal formalizó un instrumento elaborado por el Cuerpo Médico Forense para unificar criterios científicos en las pericias. Los jueces conservan la exclusividad en la decisión final.
La Corte Suprema de Justicia aprobó un protocolo médico obligatorio que unifica los criterios para evaluar los pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud en las cárceles federales, una herramienta largamente reclamada para ordenar un terreno marcado por la disparidad de informes periciales.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 2867/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dando cumplimiento a un mandato previo encomendado al Cuerpo Médico Forense mediante la Acordada 21/2026, que también llevó la rúbrica de Ricardo Lorenzetti.
El nuevo marco normativo alcanza tanto a procesados como a condenados mayores de 18 años alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), abarcando específicamente los supuestos legales de patologías que la cárcel no puede tratar, enfermedades terminales con pronóstico de vida menor a seis meses y discapacidades que tornen la detención incompatible con un trato digno.
Uno de los aspectos más rigurosos del texto radica en la exigencia impuesta a los peritos de constatar la operatividad real de los servicios médicos intramuros, bajo la premisa de que la sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad, obligando a contrastar las declaraciones del SPF con historias clínicas y registros de organismos de control.
Las conclusiones de las evaluaciones deberán clasificarse en cinco categorías estandarizadas, aunque el propio protocolo aclara expresamente que estas tipificaciones no constituyen una recomendación vinculante sobre la concesión del beneficio, cuya potestad recae de manera exclusiva sobre los tribunales intervinientes.
El instrumento fue comunicado formalmente a las cámaras con competencia penal, a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y a las carteras de Justicia y Seguridad, contemplando una primera revisión obligatoria a los seis meses de su puesta en vigencia y actualizaciones de carácter anual.













