Jorge Buamden acordó una probation de dos años tras intimidar por redes sociales a Alejandro Alfie y a su familia. Deberá realizar trabajos comunitarios, un curso contra el antisemitismo y pagar una indemnización destinada a FOPEA y FACA.
A ocho meses de iniciada la causa penal, el militante propalestino Jorge Buamden acordó en la Justicia porteña una suspensión de juicio a prueba por el plazo de dos años, tras haber amenazado de muerte al periodista de Clarín Alejandro Alfie y a su entorno familiar. El acuerdo, que busca evitar la instancia de un juicio oral ante la acumulación de pruebas en su contra, contempla estrictas reglas de conducta que incluyen tareas comunitarias, capacitación obligatoria y un resarcimiento económico destinado a entidades de defensa periodística y lucha contra la discriminación.
La medida fue homologada formalmente por el juez Christian Brandoni Nonell y el fiscal Hernán Biglino, luego de que la defensa del imputado propusiera el esquema de probation. El paquete sancionatorio exige que Buamden cumpla 80 horas de trabajo comunitario en la organización Cáritas, realice el taller de reflexión del Centro Ana Frank Argentina y abone la suma de 500.000 pesos. Por sugerencia directa del propio Alfie, ese dinero fue repartido en partes iguales entre el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA).
El expediente se originó a fines de enero, cuando el periodista comenzó a recibir una catarata de intimidaciones a través de mensajes privados de Instagram durante dos semanas consecutivas. Las amenazas se desencadenaron a raíz de la cobertura periodística que Alfie realizó sobre el despido de la corresponsal de C5N en Estados Unidos, Silvina Sterin Pensel, a causa de comentarios antisemitas. El agresor vinculó los mensajes con el conflicto en Medio Oriente, recriminándole al cronista su postura y atacándolo con expresiones de marcada carga antisemita y referencias a su familia.
Durante la investigación, la fiscalía constató un elemento de extrema gravedad: las intimidaciones no cesaron a pesar de que la denuncia judicial ya había sido radicada e identificaba al agresor. Esto derivó en un allanamiento ejecutado en febrero por la Policía de la Ciudad en un domicilio del barrio porteño de Parque Chacabuco, donde se secuestraron un teléfono celular, una notebook, dos iPads, discos rígidos y bibliografía vinculada a la causa, material que terminó por consolidar la imputación por amenazas simples agravadas por persecución u odio religioso.
Durante la audiencia de homologación realizada este martes, el imputado expresó sus disculpas ante el tribunal y se comprometió a mantener una conducta respetuosa. Por su parte, el periodista fundamentó su aceptación del acuerdo en las tradiciones de su colectividad, priorizando la posibilidad de un cambio de actitud. No obstante, sobre Buamden continúa pesando una estricta prohibición de contacto por cualquier medio directo o indirecto, así como la prohibición absoluta de mencionar tanto a Alfie como a su familia en redes sociales o medios de comunicación durante todo el plazo que dure la probation.
El caso había generado un amplio arco de repudio institucional y gremial desde sus inicios, con pronunciamientos de entidades como ADEPA, FOPEA y la Fundación LED, además de numerosos funcionarios, legisladores y referentes de distintos espacios políticos. La resolución judicial cierra el frente penal inmediato, pero deja latente el escrutinio sobre el uso de plataformas digitales para el amedrentamiento ideológico y la persecución a trabajadores de prensa.
