En un nuevo giro en la investigación sobre el escándalo de presuntas coimas entre la droguería Suizo Argentina y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el juez federal Sebastián Casanello ha procesado sin prisión preventiva a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad del exclusivo barrio de Nordelta. La imputación, que incluye los delitos de desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento, surge de la sospecha de que De Vincentis habría facilitado la huida de los dueños de la droguería, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, durante un allanamiento policial.
La medida judicial se basa en un meticuloso análisis de las circunstancias que rodearon el operativo. Según la investigación, el jefe de seguridad, un ex agente de la Policía Federal Argentina, habría demorado intencionalmente el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo de barrios privados. Esta demora, que se estima en un tiempo crucial, habría sido utilizada por los hermanos Kovalivker para eludir la detención y ocultar evidencia. Aunque Jonathan logró escapar, su hermano Emmanuel fue interceptado en la puerta del country con sobres que contenían una suma millonaria, evidenciando el intento de fuga.
El procesamiento de una figura de seguridad de alto perfil en un barrio privado tan emblemático como Nordelta pone en evidencia la porosidad de los controles internos y la posible complicidad de quienes deberían garantizar la seguridad. El caso Kovalivker, que investiga una red de corrupción en la que se habrían pagado sobornos para agilizar pagos de la Andis a la droguería, ahora suma un capítulo que expone el rol de facilitadores en la estructura de la impunidad. La justicia busca determinar si la acción de De Vincentis fue un acto individual o si forma parte de una trama más compleja.
El accionar del jefe de seguridad no solo se evalúa por la demora del operativo, sino también por el contexto en el que se produjo. La presencia de los Kovalivker en Nordelta y la aparente facilidad con la que intentaron escapar con grandes sumas de dinero plantea interrogantes sobre los mecanismos de control de la seguridad privada en estos enclaves. La causa, que ha puesto bajo la lupa a importantes figuras del sector judicial y empresarial, demuestra la fragilidad de un sistema que, en ocasiones, permite a los involucrados en delitos de cuello blanco evadir la acción de la ley.
Ariel De Vincentis, que se presentó voluntariamente ante los tribunales de Comodoro Py, ha aportado sus teléfonos celulares y ha respondido a las preguntas del juez, en un intento por colaborar con la investigación y deslindar responsabilidades. Sin embargo, para la fiscalía y el magistrado, los indicios de su participación en el encubrimiento son sólidos. La figura del «encubridor» en este tipo de causas es clave, ya que su rol permite a los principales responsables escapar a la acción de la justicia, afectando la integridad de los procesos de investigación.
El procesamiento de De Vincentis marca un antes y un después en la causa, al ampliar el foco de la investigación hacia los mecanismos de protección que operan en los márgenes de la ley. La decisión del juez Casanello envía un mensaje contundente: la justicia no se detendrá ante las barreras de los barrios privados ni ante la posición de poder de quienes los administran. El caso se perfila como un test para la capacidad del Estado de perseguir y sancionar a todos los involucrados en redes de corrupción, independientemente de su estatus social o económico.
