A cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 11, el magistrado resolvió en favor de las casas de altos estudios tras haber pasado por la IGJ y la Sindicatura del PAMI durante gestiones anteriores.
El fallo que le ordenó al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario puso nuevamente bajo la lupa al juez federal Martín Cormick, un magistrado que combina un perfil académico en derecho administrativo con un extenso paso previo por cargos clave en las administraciones kirchneristas.
Abogado y magíster por la Universidad de Buenos Aires, Cormick está al frente del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 11 desde el año 2020. Su trayectoria en la función pública incluye haber estado a cargo de la Inspección General de Justicia entre octubre de 2014 y diciembre de 2015, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, y haberse desempeñado como síndico del PAMI entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, cuando la obra social de los jubilados era conducida por Luana Volnovich, dirigente de La Cámpora.
El trasfondo político del magistrado adquiere relevancia en medio de la tensión persistente entre el Poder Judicial y la gestión de Javier Milei, debido a que el juzgado de Cormick se ha convertido en una de las terminales judiciales donde recaen amparos y demandas contra distintas medidas estructurales del actual Ejecutivo nacional.
Entre sus decisiones más resonantes previas al conflicto universitario, Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad —un fallo que luego fue revocado por la Cámara Federal—, frenó el cobro del Impuesto a las Ganancias sobre el plus salarial de los diplomáticos destinados en el exterior y protegió a los beneficiarios de planes sociales frente a suspensiones por protestas.
En el plano estrictamente universitario, el magistrado ya le había concedido una medida cautelar en diciembre pasado para ordenar el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley sobre la actualización de salarios y becas estudiantiles, una decisión que la Corte Suprema dejó firme el 25 de junio y que ahora derivó en la sentencia de fondo que intima al Ejecutivo a ejecutar los pagos adeudados.
Mientras el Gobierno analiza los pasos a seguir frente a esta nueva derrota en los tribunales, la figura de Cormick sintetiza el choque permanente entre los magistrados que frenan los decretos oficiales y una administración que denuncia obstruccionismo judicial.
