En un contexto marcado por tensiones económicas y sociales, el juez Miguel Flores se reunirá con el defensor del Pueblo, Gustavo Blanco, el diputado provincial Sebastián Pérez Pons, y representantes del gobierno para abordar el conflicto por el aumento del boleto de colectivos en el Área Metropolitana. La audiencia, prevista para este jueves, es parte del proceso iniciado por un amparo que busca frenar el incremento tarifario propuesto por las autoridades.
La medida cautelar fue impulsada por organizaciones sociales y gremiales, que sostienen que el ajuste en el precio del boleto, proyectado en un 20%, afectaría gravemente a los sectores más vulnerables. El defensor del Pueblo, quien presentó el amparo, argumentó que el aumento no fue sometido a un proceso de consulta pública ni acompaña mejoras en el servicio de transporte. «Es necesario garantizar la participación ciudadana y la transparencia en decisiones que impactan directamente en el bolsillo de los usuarios», afirmó Blanco.
El diputado Pérez Pons, crítico de las políticas tarifarias recientes, adelantó que solicitará al juez Flores un análisis exhaustivo del impacto socioeconómico de la suba. Según el legislador, un aumento en las tarifas sin subsidios adicionales por parte del Estado profundizaría las desigualdades en el acceso al transporte público. «El transporte debe ser un derecho, no un lujo», enfatizó.
Desde el gobierno, fuentes indicaron que la suba es indispensable para garantizar la sostenibilidad del sistema de colectivos, que enfrenta un déficit operativo agravado por la inflación y la caída en la cantidad de pasajeros. Sin embargo, también reconocieron la posibilidad de estudiar alternativas, como un esquema de tarifas diferenciadas según franjas horarias o ingresos, para mitigar el impacto en los sectores de menores recursos.
El juez Flores, quien tendrá la última palabra en el conflicto, deberá equilibrar las demandas sociales con la viabilidad financiera del sistema. Fuentes cercanas al magistrado señalaron que, además de las presentaciones de las partes, solicitará informes técnicos sobre la situación económica del transporte y el cumplimiento de las normativas de participación ciudadana.
La resolución del amparo será clave para determinar el futuro del transporte público en el Área Metropolitana. Este conflicto se inscribe en un debate más amplio sobre la necesidad de una reforma integral del sistema de subsidios y tarifas, en un momento en que el transporte público se consolida como un pilar esencial para la movilidad urbana y el desarrollo sostenible.
