El gobierno nacional anunció la ampliación del esquema de delegación de rutas nacionales, otorgando a la provincia de San Juan la administración de cinco corredores viales estratégicos durante los próximos 20 años. La medida implica que la provincia asumirá el financiamiento, la conservación y la planificación de obras en esas vías, en sintonía con la política de descentralización del transporte impulsada por el Ejecutivo.
Los cinco corredores en cuestión conectan zonas productivas y turísticas clave de la región cuyana, por lo que la decisión tiene un impacto directo sobre la logística minera, agrícola y el tránsito interprovincial. Desde el gobierno sanjuanino celebraron el acuerdo, destacando que les permitirá planificar obras con mayor autonomía y adaptar las intervenciones a las necesidades locales sin depender de los tiempos burocráticos de la administración central.
El modelo ya había sido aplicado en otras provincias como Mendoza y Córdoba, con resultados mixtos: mientras algunos tramos mejoraron sensiblemente su estado, otros registraron demoras por dificultades de financiamiento provincial. Organismos de transporte advierten que la clave del éxito estará en los mecanismos de auditoría y en la disponibilidad presupuestaria de cada jurisdicción.
Esta iniciativa se enmarca en la política de reducción del estado central que impulsa el gobierno de Milei, trasladando responsabilidades y costos a las provincias. A largo plazo, el impacto sobre los usuarios dependerá de la capacidad de San Juan para mantener los estándares de conservación sin recurrir a aumentos de peaje que afecten la competitividad regional.
