El centro médico 15 de diciembre II de Avellaneda ya no presta servicios y solo funciona como laboratorio. El gremio paga sueldos en cuotas, acumula deudas millonarias y sufre una masiva pérdida de afiliados.
La crisis financiera que atraviesa la obra social del sindicato de Camioneros llegó a un punto crítico con el vaciamiento operativo del sanatorio 15 de diciembre II, ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda. El establecimiento, que según la web oficial del gremio debería contar con guardia las 24 horas, cirugías y atención de partos, opera en la práctica sin médicos ni profesionales de la salud, conservando únicamente un servicio mínimo de laboratorio.
El domingo las instalaciones permanecían abiertas con personal administrativo y custodios de la empresa de seguridad Las Marías, firma que responde al holding familiar de Hugo Moyano y su esposa, Liliana Zulet. La situación se tornó insostenible tras un conflicto gremial registrado el viernes 13, cuando el escaso plantel laboral paralizó sus tareas ante la falta de pago total de los haberes, una deuda que recién fue cancelada ese mismo día tras la protesta.
Este retroceso asistencial se inscribe en un proceso de achicamiento general de la estructura médica de los Moyano, que incluye la reducción drástica de la red de farmacias con descuento y problemas financieros en otros centros como el sanatorio Antártida en Caballito. Paralelamente, la obra social enfrenta un drenaje histórico de cotizantes: se estima que de los 200.000 afiliados que llegó a administrar, hoy conserva menos de una cuarta parte debido a las constantes desafiliaciones.
El dato más sensible detrás del colapso financiero apunta al manejo administrativo de la prestadora de salud, gerencialmente a cargo de la empresa IARAI, fundada por Liliana Zulet, y donde también participa su hija Valeria Salerno en el directorio. La sobredependencia de este esquema de tercerización coincide con un pasivo abultado de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que ya acumulaba deudas con sus prestadores por más de 32.400 millones de pesos a principios de año.
Para intentar paliar el rojo financiero, la conducción sindical debió desprenderse este año de un predio deportivo de once hectáreas ubicado en Escobar, el cual fue vendido al Club Atlético Tigre. Sin embargo, las medidas de ajuste no alcanzan a estabilizar las cuentas y en el propio gremio temen que los salarios de diciembre y el medio aguinaldo comiencen a abonarse de manera desdoblada, replicando el esquema de pagos en cuotas que ya afecta a sectores externos como el personal de la empresa postal OCA.
La pérdida de peso prestacional pone bajo presión el liderazgo histórico de Hugo Moyano al frente de una estructura que supo ser una de las más poderosas del sindicalismo argentino. Con una base de afiliados reducida a su mínima expresión y un modelo de gestión sanitaria cuestionado desde las propias bases, la supervivencia financiera de la obra social enfrenta su etapa más vulnerable.













