A casi un año de la propuesta del jurista Manuel García Mansilla y del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, el Gobierno se encuentra en una encrucijada que podría derivar en una derrota política significativa. El kirchnerismo, junto con sectores de la oposición, está en condiciones de rechazar ambos pliegos en el Senado, lo que obliga al Ejecutivo a replantear su estrategia.
En marzo de 2024, el presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos de García Mansilla y Lijo para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. Sin embargo, debido a la falta de consenso y al estancamiento en las negociaciones, el Ejecutivo decidió, en febrero de 2025, nombrarlos en comisión mediante el Decreto 137/2025, una medida que les permite ejercer sus funciones de manera temporal hasta que el Senado se pronuncie.
Esta decisión generó controversia, ya que el nombramiento en comisión es una facultad constitucional del presidente, pero su uso en este contexto ha sido cuestionado por diversos sectores políticos y jurídicos. El kirchnerismo, en alianza con algunos sectores de la oposición, ha firmado un dictamen en la Comisión de Acuerdos para llevar al pleno del Senado la discusión sobre los pliegos de García Mansilla y Lijo, con la intención de rechazarlos.
Ante esta situación, senadores considerados «dialoguistas» y uno de La Libertad Avanza han sugerido al Gobierno retirar los pliegos para evitar una derrota política en el Senado. El senador cordobés Luis Juez, ex presidente del bloque PRO, declaró públicamente que ha recomendado al Ejecutivo retirar el pliego de García Mansilla, argumentando que, al estar este ya en funciones en comisión, no tiene sentido exponerlo a un rechazo en el Senado.
La posible derrota en el Senado no solo afectaría la composición de la Corte Suprema, sino que también tendría implicaciones en la relación del Ejecutivo con el Legislativo y podría influir en la percepción internacional sobre la estabilidad política y económica del país. En un contexto donde el Gobierno busca la aprobación de acuerdos clave, como el firmado con el Fondo Monetario Internacional, una derrota en este ámbito podría debilitar su posición negociadora y su imagen ante inversores extranjeros.
El Gobierno enfrenta ahora la disyuntiva de mantener los pliegos y arriesgarse a una derrota en el Senado o retirarlos y buscar una negociación que permita una solución consensuada. Esta decisión será crucial para definir el rumbo de la política judicial en Argentina y la fortaleza del Ejecutivo en un año marcado por desafíos económicos y sociales.
