La secretaria general de la Presidencia avaló un pedido de informes a la Fundación Faro, organismo vinculado al estratega presidencial. La decisión marca un punto de inflexión en la relación entre los principales operadores del poder ejecutivo y pone en evidencia disputas internas por el control de organismos clave.
La hermana del presidente enfoca su cuestionamiento en las donaciones recibidas por la fundación que coordina Caputo, mientras evalúa los pliegos de jueces y define la estrategia electoral para 2027. Fuentes del entorno presidencial confirman que existe una puja silenciosa por espacios de influencia en el segundo año de gestión.
Esta escalada de tensiones podría redefinir el mapa de poder interno y condicionar las decisiones estratégicas del Gobierno. Los próximos movimientos en la IGJ serán clave para entender quién prevalece en esta disputa por el control de las instituciones.
