El escenario político argentino se encamina hacia una confrontación directa en el Congreso tras el anuncio oficial del proyecto del Poder Ejecutivo para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, fundamentada por la Casa Rosada en la necesidad de reducir el gasto público y simplificar el calendario electoral, ha generado un efecto inmediato de cohesión en las filas del Partido Justicialista (PJ). Los principales referentes de la oposición ven en esta medida un intento de fragmentar sus estructuras internas y debilitar sus posibilidades de cara a los próximos comicios.
Desde el entorno del Gobierno, se argumenta que las PASO han perdido su esencia original de democratización partidaria, convirtiéndose en una suerte de «encuesta oficial» sumamente costosa para el Estado. Según informes técnicos de la Jefatura de Gabinete, la eliminación de estas instancias representaría un ahorro fiscal multimillonario que podría ser reasignado a partidas sociales urgentes. No obstante, la oposición interpreta que el objetivo real es impedir que las coaliciones amplias puedan dirimir sus liderazgos de manera ordenada, favoreciendo así al oficialismo.
La respuesta del peronismo no se ha hecho esperar. Gobernadores y legisladores del PJ han iniciado una serie de reuniones de emergencia para establecer un frente común que bloquee la reforma en ambas cámaras. Analistas políticos destacan que esta amenaza externa ha logrado lo que meses de discusiones internas no pudieron: una tregua táctica entre los diferentes sectores que componen Unión por la Patria. La estrategia opositora se centra ahora en convencer a los bloques provinciales y a sectores del radicalismo de que la eliminación de las primarias es un retroceso institucional que afecta la pluralidad de voces.
En el Congreso, los números se presentan ajustados. El oficialismo necesita construir una mayoría absoluta para modificar el régimen electoral, lo que obliga a una negociación intensa con los denominados «bloques dialoguistas». Expertos constitucionalistas advierten que cambiar las reglas de juego en un año previo a las elecciones suele ser interpretado como una manipulación del sistema electoral, lo que podría derivar en presentaciones judiciales si el proyecto avanza sin un consenso amplio. Esta incertidumbre ha puesto en pausa otras discusiones legislativas de carácter económico.
Por otro lado, la aceleración del armado opositor no se limita solo al rechazo de la reforma. El PJ está aprovechando la coyuntura para reorganizar sus consejos partidarios y definir una plataforma de acción política que vaya más allá de la resistencia parlamentaria. Se prevé que, de concretarse la eliminación de las PASO, los partidos deban volver a los antiguos esquemas de internas cerradas o acuerdos de cúpula, lo que podría generar nuevas tensiones dentro de las alianzas, pero también una mayor disciplina partidaria frente a un adversario común.
El desenlace de esta batalla legislativa marcará el termómetro político de la segunda mitad del año. Una victoria del Gobierno en este frente le daría un impulso político significativo y un alivio financiero para el Tesoro, mientras que una derrota fortalecería la posición de una oposición que busca recuperar la iniciativa. En última instancia, la discusión sobre las PASO es apenas la superficie de una disputa más profunda por el control de la arquitectura electoral y el equilibrio de poder en una Argentina que transita un proceso de cambio político profundo e incierto.
