El gobernador calificó la orden judicial de «locura» y anticipó desobediencia directa al fallo antes de que venzan las 72 horas.
Un juez ordenó al gobierno de Chubut que garantice el suministro de carne roja en la alimentación de los detenidos alojados en cárceles provinciales. El mandato judicial fijó un plazo de 72 horas para que el Ejecutivo provincial cumpla con la medida, lo que convierte el caso en un choque institucional de resolución urgente.
El gobernador Ignacio Torres reaccionó de forma inmediata y pública: no solo anticipó que no acatarán la resolución, sino que la tildó de «locura». La declaración es políticamente significativa porque implica una desobediencia anunciada a una orden del Poder Judicial, lo que en términos institucionales configura un conflicto entre poderes dentro de la propia provincia.
El trasfondo del caso se ubica en el sistema penitenciario chubutense, históricamente cuestionado por condiciones de hacinamiento y déficit en servicios básicos. Las órdenes judiciales que regulan condiciones de detención no son infrecuentes en Argentina: suelen derivar de habeas corpus colectivos donde los internos alegan tratos inhumanos o alimentación insuficiente.
El dato que cambia la lectura es que Torres no buscó una salida jurídica —como apelar el fallo o pedir una extensión del plazo— sino que optó por el rechazo político frontal. Esa decisión de comunicar primero la desobediencia, antes de agotar las vías legales, sugiere un cálculo electoral o de imagen más que una estrategia procesal.
Si el gobierno provincial no cumple dentro del plazo estipulado, el juez podría escalar la medida: desde multas al Ejecutivo hasta remitir las actuaciones a organismos de control o incluso al Superior Tribunal de Justicia de Chubut. También es posible —aunque no está confirmado— que Torres judicialice el rechazo y lleve el conflicto a una instancia superior para cuestionar la competencia del magistrado.
Cualquiera sea el desenlace procesal, Torres ya construyó una narrativa política: posicionarse como gobernador que no acepta lo que considera interferencia judicial en la gestión del presupuesto provincial. El costo institucional de esa postura, sin embargo, recae sobre un sistema judicial cuya autoridad queda públicamente cuestionada por el propio Ejecutivo al que debe controlar.
