El Ejecutivo estadounidense argumenta ante la corte que el Poder Judicial se extralimitó al abrir el caso, mientras la ACLU exige que continúe.
La administración de Donald Trump solicitó formalmente a una corte federal que cierre la investigación por desacato abierta en torno a la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador. El gobierno sostiene que la justicia excedió sus atribuciones al iniciar ese proceso contra el Ejecutivo.
El caso se originó a raíz de deportaciones que, según denuncias de organizaciones civiles, violaron órdenes judiciales previas que impedían trasladar a esas personas a territorio salvadoreño. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se opuso al pedido de cierre y exige que la investigación siga su curso hasta que se determine si el gobierno efectivamente desacató las instrucciones del tribunal.
La tensión entre el Ejecutivo de Trump y el Poder Judicial federal es una constante desde el inicio de su segundo mandato. El gobierno ha cuestionado en múltiples ocasiones la autoridad de jueces federales para limitar sus políticas migratorias, argumentando que la seguridad nacional y el control de fronteras son atribuciones exclusivas del Ejecutivo.
El aspecto más significativo del caso no es la deportación en sí, sino la disputa de fondo sobre quién tiene la última palabra en materia migratoria: si los tribunales pueden obligar al gobierno a modificar sus operaciones o si el Ejecutivo puede ignorar esas órdenes bajo el argumento de que la justicia se extralimitó. Esa pregunta tiene consecuencias que van mucho más allá de este caso puntual.
La corte deberá resolver si acepta el pedido del gobierno y cierra la investigación o si ordena continuar con el proceso de desacato. Una resolución favorable al Ejecutivo reforzaría la postura de Trump de que el Judicial no puede interferir en sus políticas migratorias; una resolución contraria profundizaría el conflicto entre poderes.
Mientras tanto, los venezolanos deportados a El Salvador permanecen en ese país en circunstancias que los organismos de derechos humanos califican de graves. La ACLU mantiene activa su representación legal y el caso se perfila como uno de los más importantes del año en materia de equilibrio institucional en Estados Unidos.
