Carlos Iván Barraza, de 30 años, nacido en Buenos Aires, supo servirse de los recursos del estado mediante su incursión en la actividad social y más tarde en la política.
Carlos Barraza, conocido por su rol como dirigente piquetero y aliado incondicional del gobernador Jorge Capitanich, enfrenta un juicio histórico en Chaco. Exfuncionario de la empresa estatal de agua y excandidato a intendente de Resistencia, Barraza se encuentra acusado de desviar millones de fondos públicos destinados a programas sociales. Según la investigación, utilizó su cargo y una asociación civil como fachada para enriquecerse a costa de recursos del Estado.
El Equipo Especial Fiscal, liderado por Liliana Beatriz Irala y Sergio Cáceres Olivera, impulsó la elevación a juicio contra Barraza. El exdirigente estuvo detenido en su domicilio por orden de la jueza de Garantías María de las Mercedes Pereyra, pero la decisión fue rápidamente revocada por el juez Héctor Sandoval, quien ordenó su traslado a la cárcel de Villa Barberán. La investigación sostiene que, entre 2022 y 2023, Barraza desvió fondos destinados a programas del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep) y de Lotería Chaqueña, utilizando su cargo en la empresa estatal de agua, Sameep, para beneficio propio.
Barraza, a través de la Asociación Civil «Humildad», recibió más de 193 millones de pesos durante el período investigado, sin rendir cuentas sobre el destino de los fondos. Las partidas, que inicialmente rondaban los $450.000, se incrementaron a $1.000.000 mensuales en 2023. El dinero debía destinarse a proyectos como «Resi-todos», para tareas de limpieza y recolección de materiales reciclables en barrios vulnerables, pero nunca se comprobó la realización de estos servicios.
La investigación también reveló que Barraza desvió fondos de programas de emergencia habitacional para comunidades vulnerables. En lugar de cumplir con la construcción y refacción de viviendas, destinó los recursos para proyectos personales. Entre sus inversiones se destacan un emprendimiento de pesca en Puerto Vilelas, la creación de una fábrica de aberturas en Villa Barberán y una empresa de trapos y rejillas en La Rubita, todo con el fin de encubrir el destino real de los fondos.
El esquema de corrupción incluyó la compra de equipamiento como lanchas y canoas, así como la construcción de dos viviendas en Puerto Vilelas, donde también levantó una fábrica. Además, la fiscalía sostiene que Barraza empleó a trabajadores de la empresa estatal Sameep, bajo amenazas de afectar sus ingresos si no colaboraban, para realizar construcciones en beneficio propio.
Este caso pone en el centro de la escena a un exdirigente que, aprovechándose de su influencia política y cargos públicos, habría montado un entramado para desviar millones de pesos. Con la prisión preventiva confirmada, la sociedad chaqueña sigue de cerca el desarrollo del juicio que podría sentar un precedente contra la corrupción en la provincia.
