En una jornada marcada por la tensión judicial en el ámbito del fútbol argentino, el exsecretario general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y expresidente de Racing Club, Víctor Blanco, compareció ante los tribunales de Retiro. La citación se enmarca en la investigación por presunta retención indebida de aportes previsionales e impositivos, una causa que pone bajo la lupa la transparencia financiera de la entidad madre del fútbol local. El proceso judicial avanza mientras se intenta determinar la responsabilidad de la cúpula directiva en una deuda que asciende a miles de millones de pesos.
Acompañado por su abogado defensor, Fernando Díaz Cantón, Blanco presentó un escrito ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, en el cual deslindó responsabilidades operativas sobre el manejo de fondos. En su presentación, el dirigente argumentó que su función dentro de la AFA era de carácter «protocolar» y que no poseía facultades ejecutivas ni de decisión sobre el área de Tesorería o Contaduría. Esta estrategia de defensa busca separar su rol político de la gestión administrativa directa que hoy es objeto de peritaje judicial.
La causa, iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en diciembre pasado, investiga la falta de depósito de retenciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias, IVA y contribuciones patronales. Según los informes técnicos, el monto no ingresado a las arcas del Estado superaría los 19.300 millones de pesos, correspondientes a diversos períodos fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La Justicia intenta verificar si se trató de una maniobra de financiamiento espurio o una omisión administrativa sistemática.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que Blanco es solo uno de los varios directivos de la «mesa chica» que deberán dar explicaciones. El cronograma de indagatorias continuará con las presentaciones del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y del presidente Claudio «Chiqui» Tapia. El fiscal Claudio Navas Rial sostiene que la magnitud de la deuda y la continuidad temporal de las omisiones descartan la hipótesis de un error involuntario, apuntando hacia un conocimiento pleno de la situación financiera por parte de las máximas autoridades.
Desde el sector legal de la AFA se ha intentado, sin éxito, suspender estas audiencias mediante recursos de nulidad, argumentando que las deudas habrían sido canceladas con posterioridad. No obstante, el juez Amarante rechazó tales planteos, ratificando la presencialidad obligatoria de los imputados y reforzando la seguridad en los pasillos de los tribunales de Avenida de los Inmigrantes. La figura legal por la que se los investiga contempla penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen los montos correspondientes.
El desenlace de esta ronda de declaraciones será determinante para el futuro institucional de la AFA. Una vez finalizadas las indagatorias esta semana, el magistrado contará con un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de Blanco y los demás involucrados. Un eventual procesamiento no solo tendría consecuencias penales individuales, sino que podría forzar una reestructuración interna en la asociación y profundizar el escrutinio estatal sobre el manejo de los recursos generados por el fútbol profesional en el país.
