El juez Timothy Kelly ordenó restablecer las acreditaciones, pero corresponsales de medios vetados por Trump fueron bloqueados de todas formas.
La administración Trump desafió abiertamente un fallo judicial al mantener la prohibición de acceso a periodistas de medios que el gobierno vetó, pese a que el magistrado Timothy Kelly declaró inconstitucional la revocación de sus acreditaciones. Los corresponsales de esos medios fueron bloqueados físicamente, en una señal de que la Casa Blanca no tiene intención de acatar la resolución.
El juez Kelly argumentó que retirar las credenciales de prensa constituye una violación a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de prensa. Sin embargo, el desacato al fallo no generó, al menos de forma inmediata, ninguna consecuencia institucional visible para el gobierno.
El veto de Trump a determinados medios —entre ellos grandes cadenas y diarios— viene de larga data y es parte de una estrategia deliberada de hostilidad hacia la prensa crítica. La Casa Blanca argumenta que tiene prerrogativas para determinar quién accede a sus instalaciones, una posición que los tribunales han cuestionado pero que el ejecutivo insiste en sostener.
Lo que cambia la lectura de este episodio es la secuencia: hay un fallo judicial firme, hay un desacato explícito y no hay consecuencia. Eso no es solo un conflicto entre el ejecutivo y la prensa: es una prueba de estrés para la separación de poderes y para la capacidad real del Poder Judicial de hacer cumplir sus decisiones frente a un ejecutivo que elige ignorarlas.
El escenario más probable es que los medios afectados busquen escalar el caso a una instancia superior o iniciar acciones por desacato judicial. También es posible que el propio juez Kelly tome medidas para forzar el cumplimiento, aunque los mecanismos para obligar al ejecutivo son limitados y políticamente delicados. Ninguna de estas vías tiene resultado garantizado.
En el último dato confirmado, periodistas de los medios vetados fueron bloqueados físicamente después de que la Justicia ordenó lo contrario. Eso resume con precisión el estado de la relación entre el gobierno de Trump y el Estado de derecho en materia de libertad de prensa.
