El organismo de derechos humanos presentó el planteo ante la Cámara Federal porteña y advirtió que el cierre de la investigación dejó impunidad en un caso de vigilancia estatal a la prensa.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires la reapertura de una causa judicial que investiga el espionaje ilegal perpetrado contra periodistas. El organismo advirtió que el cierre o paralización de la investigación configura un panorama crítico para la libertad de prensa y el derecho a la información en Argentina.
El CELS, una de las organizaciones de derechos humanos con mayor trayectoria institucional del país, presentó el planteo formalmente ante el tribunal federal. La causa involucra a periodistas que habrían sido objeto de vigilancia ilegal por parte de agencias o agentes del Estado, aunque los detalles sobre los nombres de los afectados y los responsables imputados no fueron completamente difundidos en la información disponible al cierre de esta edición.
El espionaje ilegal a periodistas tiene antecedentes directos en Argentina. Durante la gestión de la AFI bajo la presidencia de Mauricio Macri se revelaron operaciones de inteligencia sobre figuras políticas, sindicales y periodísticas que derivaron en causas judiciales. La denuncia del CELS se enmarca en un patrón que el organismo identifica como persistente: el uso de herramientas de inteligencia para monitorear a quienes ejercen el periodismo de investigación.
El dato que cambia la lectura es la intervención ante la Cámara Federal, un paso que implica que la instancia anterior —probablemente un juzgado de primera instancia— no abrió o continuó la investigación de manera satisfactoria para el CELS. Llevar el caso al tribunal de alzada es una señal de que el organismo considera que hay resistencia institucional a avanzar, lo que convierte al Poder Judicial en parte del problema denunciado.
La Cámara Federal deberá resolver si acepta el planteo del CELS y ordena la reapertura o profundización de la causa. Si el tribunal hace lugar al pedido, se abrirá una nueva etapa investigativa que podría incluir nuevas medidas de prueba y eventualmente nuevos imputados. Si lo rechaza, el CELS tendría como alternativa llevar el caso a instancias superiores o internacionales.
Que el CELS tenga que recurrir a la Cámara para exigir que se investigue el espionaje a periodistas es, en sí mismo, una lectura sobre el estado de la Justicia federal argentina frente a causas que involucran el poder del Estado. El derecho a la privacidad y a ejercer el periodismo sin vigilancia estatal no es un privilegio corporativo: es una condición básica para que una democracia funcione.
