En una nueva medida enmarcada en el plan de austeridad y reducción del gasto público, el Gobierno nacional oficializó la decisión de discontinuar los pagos compensatorios que el Estado realizaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad y sus acompañantes. La resolución, fundamentada en la necesidad de auditar los fondos de la Secretaría de Transporte y eliminar subsidios cruzados, desató un inmediato cruce de acusaciones entre los funcionarios nacionales, las cámaras empresariales del sector y las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de los usuarios afectados.
Desde el punto de vista operativo, la gratuidad de los pasajes para personas con discapacidad está garantizada por leyes nacionales de larga data, las cuales obligan a las compañías de colectivos a reservar un cupo de asientos en cada servicio. Históricamente, el Estado Nacional reintegraba una parte del valor de esos boletos a las empresas para evitar que el costo recayera enteramente sobre el sector privado. Con la supresión de estas transferencias, las cámaras que agrupan a las transportistas advirtieron que el sistema se vuelve comercialmente inviable, anticipando posibles suspensiones en la entrega de los boletos especiales bajo el argumento de «fuerza mayor».
Las repercusiones políticas e institucionales no se hicieron esperar, y sectores de la oposición legislativa junto a diversas ONGs denunciaron la medida como un «grave retroceso en materia de derechos humanos e inclusión». Argumentan que la eliminación de las compensaciones dejará desamparadas a miles de personas que dependen de este beneficio para trasladarse por razones médicas, educativas o laborales a centros urbanos de mayor complejidad. En respuesta, voceros del oficialismo afirmaron que el derecho al pasaje gratuito sigue vigente en los papeles y que la desregulación busca forzar a las empresas a competir de manera eficiente, eliminando lo que consideraban «cajas políticas opacas».
Por su parte, las empresas de micros de larga distancia manifestaron que el sector ya arrastra una crisis profunda debido al incremento de los costos operativos —combustible, peajes y paritarias salariales— y a la competencia directa de las aerolíneas de bajo costo. Dirigentes empresariales señalaron que, si el Estado se desentiende de financiar una política social de inclusión, la carga no puede ser absorbida de forma obligatoria por privados sin poner en riesgo la continuidad de las rutas hacia los destinos menos rentables del interior del país. La tensión anticipa un escenario de judicialización inmediata mediante la presentación de recursos de amparo colectivos.
El debate técnico se centra ahora en cómo afectará esta decisión a la fiscalización del servicio. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) anunció que intensificará los controles en las terminales de ómnibus de todo el país para asegurar que las empresas no rechacen las solicitudes de pasajes gratuitos que los usuarios gestionan a través de la plataforma web. Sin embargo, en el sector admiten que la falta de compensación económica generará un sistema de «cupos de hecho», donde las prestatarias dilatarán los plazos de entrega o alegarán falta de disponibilidad de asientos para mitigar el impacto en sus márgenes de ganancia.
El cierre de esta jornada deja abierto un nuevo frente de conflicto social para una administración que ratifica su rumbo de déficit cero a cualquier costo. La proyección para las próximas semanas muestra un panorama de alta incertidumbre para los usuarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes quedan en medio de una pulseada financiera entre el Palacio de Hacienda y las corporaciones del transporte. De la capacidad de mediación que demuestren las áreas de asistencia social dependerá si se logra encauzar una alternativa de financiamiento o si la medida profundizará el aislamiento de los sectores más vulnerables de la población.
