La Casa Rosada fue el escenario de una crucial reunión de la mesa política de La Libertad Avanza, convocada con el doble propósito de aplacar las internas que venían erosionando la cohesión del espacio y de ultimar los detalles técnicos de un cuarto paquete de reformas que será girado de forma inminente al Congreso de la Nación. El encuentro, encabezado por las principales espadas políticas del Ejecutivo, buscó unificar el discurso público y coordinar la estrategia legislativa ante lo que consideran la «segunda etapa de la refundación institucional» del país. La reunión escenifica la urgencia del oficialismo por retomar la iniciativa de la agenda pública tras semanas de ruidos políticos de pasillo.
La decisión de avanzar con un nuevo paquete normativo, que incluirá capítulos orientados a la reforma del empleo público, modificaciones en el régimen penal de minoridad y una profunda desregulación de los mercados de servicios compartidos, requiere de una disciplina interna estricta. Según fuentes que participaron de las deliberaciones en el palacio de gobierno, los armadores de la Casa Rosada le transmitieron a los jefes de bloque de Senadores y Diputados la orden explícita de «evitar fisuras mediáticas» que puedan ser explotadas por la oposición. El alineamiento del núcleo duro es visto como una condición sine qua non para negociar desde una posición de fortaleza con los gobernadores dialoguistas.
En los despachos parlamentarios, el anuncio de este cuarto tren de reformas genera opiniones encontradas. Si bien los bloques aliados del PRO y sectores del radicalismo moderado se muestran dispuestos a acompañar el tratamiento general de las leyes, advierten que el margen para la sanción de normativas a libro cerrado se ha reducido drásticamente en comparación con el inicio de la gestión. Politólogos independientes señalan que el éxito de este nuevo intento legislativo dependerá de la capacidad de la Jefatura de Gabinete para tejer acuerdos puntuales y sectoriales, alejándose de la estrategia de confrontación total que caracterizó a los primeros meses de mandato.
La ingeniería del proyecto contempla además un fuerte componente de reestructuración del organigrama estatal. El borrador que circula entre los técnicos oficiales prevé la disolución de nuevos organismos descentralizados y la unificación de dependencias nacionales bajo criterios de austeridad presupuestaria. Desde el entorno del asesor Santiago Caputo insisten en que la opinión pública continúa respaldando el achicamiento del Estado, por lo que consideran que el momento político es idóneo para profundizar las reformas antes de que comience el cronograma electoral formal del próximo año.
Por otro lado, la contención de las internas partidarias demandó un espacio considerable en las discusiones de la mesa política. Los recelos territoriales derivados de la campaña de afiliación masiva y el armado de listas en las provincias bonaerense y del interior del país habían generado cortocircuitos entre los fundadores de la fuerza y los dirigentes incorporados en las últimas olas de alianza. La conducción nacional impuso un criterio verticalista, recordando que la única conducción indiscutible es la presidencial y que las aspiraciones personales deben subordinarse a la consolidación del proyecto general.
El saldo de la jornada en la Casa Rosada marca el inicio de una fase de intensa rosca política y legislativa. La proyección para el próximo mes anticipa debates maratónicos en las comisiones del Congreso, donde el oficialismo pondrá a prueba la solidez de sus mayorías circunstanciales. El ingreso de este cuarto paquete de reformas demostrará si el Gobierno conserva intacta su capacidad de imponer condiciones en el escenario político o si la fragmentación parlamentaria obligará a la administración libertaria a aceptar modificaciones que alteren el espíritu original de su propuesta refundacional.
