Con el río por encima de los siete metros y el antecedente de la apertura de compuertas en Yacyretá, crecen los temores por saqueos en los barrios ribereños. Ya se reportaron dos muertes de peones rurales en medio del temporal.
La crecida implacable del río Paraná mantiene en vilo a la provincia de Corrientes, donde más de 750 personas debieron abandonar sus hogares debido al avance del agua sobre las zonas ribereñas. Mientras los cascos urbanos de localidades como Itatí y Paso de la Patria registran escenarios críticos, en la capital provincial la tensión se multiplica hora a hora entre la desesperación por las pérdidas materiales y el temor constante a sufrir robos en las viviendas abandonadas.
En el barrio Caridi, situado sobre la ribera de la capital correntina, el agua llegó este lunes a las puertas de las precarias casillas habitadas mayoritariamente por trabajadores de la construcción y carreros. Según datos oficiales del municipio, desde el domingo se contabilizan 103 familias autoevacuadas en la ciudad, lo que representa unas 380 personas reubicadas. El relevamiento comunal divide el impacto en dos sectores: la zona sur —con puntos complejos como Bajo Galván, La Tosquera, Río Paraná y Santa Marta— y la zona norte, que abarca los barrios Cichero, Plácido Martínez, Itatí, Anahí, Puerto Italia y Punta Taitalo.
El fenómeno hidrológico actual encuentra su explicación en un cúmulo de factores regionales que dispararon los niveles de los cursos de agua. Por un lado, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) debió abrir las 18 compuertas de su vertedero principal luego de que las intensas lluvias en la cuenca del Iguazú quintuplicaran los pronósticos iniciales, elevando el caudal de ingreso a la represa por encima de los 35.000 metros cúbicos por segundo. Por el otro, el Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que el pico en la capital correntina se esperaba para este martes con marcas de entre 7 y 7,10 metros, superando ampliamente el nivel de evacuación, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyecta un trimestre con más del 55% de probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal.
El dato más sombrío y dramático de la emergencia hídrica se registró fuera de la capital, donde la Policía de Corrientes halló los cuerpos sin vida de dos peones rurales, de apellidos Salazar y Ledesma, quienes eran intensamente buscados desde el viernes en la isla Ibirapitá, cerca de Bella Vista. Las primeras reconstrucciones indican que ambos habían cruzado a caballo para rescatar ganado de las islas y cayeron al agua en una laguna interna mientras intentaban retirar un panel solar. En paralelo, en los barrios ribereños golpeados por la inundación, funcionarios municipales y vecinos confirmaron que la angustia por perderlo todo se combina con denuncias de saqueos en viviendas anegadas, lo que obligó a coordinar operativos de prevención con la Policía y la Prefectura Naval Argentina.
A futuro, la emergencia está lejos de terminar, ya que la onda de crecida continuará su curso hacia el sur para impactar en las próximas semanas sobre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, donde las autoridades ya vigilan el comportamiento del río. A nivel local, Defensa Civil y los equipos de salud municipal mantienen operativos de relevamiento sanitario y prevención de vectores, mientras preparan planes de vacunación de mascotas en zonas como Santa Marta y Río Paraná ante el desplazamiento forzado de animales. Fuera de la capital, la situación también exige monitoreo constante en comunas como Bella Vista, Goya e Isla Apipé, además de las localidades sobre el río Uruguay como Paso de los Libres, donde la bajante recién empieza a insinuarse.
La combinación de suelos ya saturados por las lluvias, pronósticos climáticos desfavorables y la persistencia de familias que se resisten a dejar sus hogares por miedo a la inseguridad expone la vulnerabilidad estructural frente a las grandes crecidas del Paraná. Mientras el gobernador Gustavo Valdés advierte que "la lluvia siga esperando", el impacto de este repunte hidrológico vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta estatal ante un drama social que se repite periódicamente en el litoral argentino.
