El tribunal aclaró que solo resolvió una cuestión procesal y que no se pronunció sobre la validez del DNU 70/2023.
La Corte Suprema de Justicia salió al cruce de las críticas que recibió tras su fallo sobre la Ley de Tierras y aclaró los alcances de su decisión. El máximo tribunal subrayó que su pronunciamiento se limitó estrictamente a una cuestión de forma procesal, sin avanzar sobre el fondo del asunto ni sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
El fallo en cuestión tuvo como efecto práctico revocar los límites que existían a la venta de terrenos nacionales a extranjeros. Esa consecuencia disparó una catarata de reacciones en el arco político. Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, fue una de las voces más duras: reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el DNU de extranjerización de tierras y puso en alerta a legisladores del bloque opositor para actuar con urgencia.
El DNU 70/2023 fue uno de los instrumentos más controversiales del inicio de la gestión libertaria. Modificó de manera amplia una gran cantidad de regulaciones y entre ellas tocó la normativa que restringía la adquisición de suelo argentino por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. La Ley de Tierras original, sancionada en 2011, establecía topes y condiciones específicas para esas operaciones.
El dato que cambia la lectura del fallo es justamente esa brecha entre lo que la Corte dijo y lo que el fallo produce: el tribunal insistió en que no habló de constitucionalidad, pero en los hechos dejó el camino despejado para que operen las disposiciones del DNU sin el freno que la ley anterior imponía. Esa tensión entre la letra del fallo y sus efectos reales es lo que alimenta el debate político y jurídico.
El Congreso aparece ahora como el siguiente escenario de disputa. Carrió y otros referentes opositores buscarán impulsar un rechazo legislativo al DNU en Diputados, aunque esa vía requiere mayorías que hoy no están garantizadas. El Gobierno, por su parte, defenderá la vigencia del decreto y la lectura de que el fallo judicial les da respaldo, al menos en términos procesales.
La Corte cerró su comunicado con una postura de autorrestricción institucional, pero el efecto político de la sentencia ya está en marcha. Lo que el máximo tribunal no quiso decir en términos jurídicos, el mercado inmobiliario y el debate parlamentario lo están leyendo de todas formas.
