La presentación se hizo sobre la hora del vencimiento del plazo y abre una nueva etapa en el largo litigio por la expropiación de la petrolera.
Los fondos de inversión que ganaron el juicio por la expropiación de YPF en 2012 pero que luego vieron cuestionada la ejecución de la sentencia presentaron una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La movida se realizó anoche, cuando vencía el plazo legal para hacerlo, y agota la última instancia disponible en el sistema judicial norteamericano.
Los litigantes —entre los que se destaca Burford Capital— buscaron que los tribunales estadounidenses ejecutaran una sentencia que les reconoce una indemnización millonaria por la forma en que el Estado argentino llevó adelante la nacionalización de YPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La disputa lleva años en los tribunales y ha involucrado a juzgados de primera instancia, cámaras de apelación y ahora a la máxima corte del país del norte.
La expropiación de YPF en 2012 fue cuestionada judicialmente porque el Estado argentino habría incumplido el procedimiento previsto en los estatutos de la compañía para adquirir acciones: según los demandantes, debería haber lanzado una Oferta Pública de Adquisición para el total de las acciones y no solo para las que estaban en manos de Repsol. Esa omisión fue la base del reclamo.
El dato clave es que la Corte Suprema de EE.UU. no tiene obligación de aceptar el caso. En la mayoría de los casos que llegan por esta vía —llamada certiorari—, el tribunal rechaza la revisión sin dar explicaciones. Si eso ocurre, la situación procesal de los fondos quedaría en un punto incierto respecto a cómo cobrar lo que los tribunales inferiores les reconocieron.
Si la Corte acepta el caso, se abriría una nueva etapa de argumentos orales y escritos que podría extenderse al menos un año más. Si lo rechaza, los fondos deberían explorar vías alternativas para ejecutar la sentencia, lo que podría incluir intentar embargar activos argentinos en el exterior. Ese escenario generaría una presión adicional sobre las reservas y los activos del Estado.
Argentina sigue con atención cada movimiento de este caso porque una ejecución efectiva de la sentencia implicaría un desembolso de miles de millones de dólares que el país no tiene disponibles sin afectar su programa financiero. La apelación de último momento revela que los fondos no están dispuestos a dar por terminada la pelea.
