El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el desalojo de un edificio ubicado en el barrio de Núñez que permanecía ocupado desde hacía tres décadas. En su interior, el personal del GCBA encontró a más de 100 personas habitando en condiciones estructurales que las autoridades describieron como de alto riesgo: el inmueble carecía de acceso a la red eléctrica y al servicio de gas.
La operación reveló una situación de vulnerabilidad extrema para los ocupantes, quienes sobrevivían sin servicios básicos en un edificio cuyo estado edilicio comprometía seriamente su seguridad. Las autoridades porteñas indicaron que la decisión de intervenir respondió tanto a una orden judicial como a la urgencia sanitaria y habitacional que presentaba el lugar.
Los casos de inmuebles tomados en la Ciudad de Buenos Aires constituyen un fenómeno recurrente que refleja el déficit habitacional estructural de la metrópoli. En muchos de estos edificios, familias enteras llevan años o décadas viviendo en condiciones precarias, sin acceso a servicios ni garantías mínimas, ante la falta de alternativas habitacionales formales accesibles.
Las personas desalojadas deberán ser reubicadas o asistidas por los programas sociales del GCBA, un proceso que suele ser complejo y que genera tensiones entre las necesidades urgentes de los afectados y la capacidad de respuesta del Estado municipal. El caso reabre el debate sobre políticas de vivienda en la ciudad.
