El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reafirmó su postura en materia migratoria al declarar que la legislación del estado obliga a los funcionarios locales a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos. La medida forma parte de una estrategia más amplia de endurecimiento del control migratorio a nivel estadual.
DeSantis impulsó la firma de acuerdos conocidos como 287(g), que habilitan a las fuerzas de seguridad locales a actuar como extensión del ICE en la detección y arresto de migrantes en situación irregular. Según datos oficiales, estos convenios elevaron significativamente la cantidad de detenciones en el estado durante el último año.
La medida genera tensiones entre el gobierno de Florida y organizaciones de derechos civiles que alertan sobre posibles abusos y perfilamiento racial. El debate sobre la delegación de funciones federales en autoridades estaduales se proyecta como uno de los ejes centrales del debate migratorio en Estados Unidos de cara a las próximas elecciones.
