En los próximos días, el fiscal de Estado de la provincia del Chaco, Roberto Alejandro Herlein, iniciará una acción de lesividad con el objetivo de recuperar las 3.000 hectáreas de tierras que fueron cedidas al líder piquetero Tito López en la localidad de Cote Lai. La decisión fue confirmada en una reciente conferencia de prensa, en la que el fiscal detalló los próximos pasos legales para revertir la entrega de estas tierras públicas, que considera irregular.
El conflicto comenzó cuando se cuestionó la legalidad del proceso por el cual López, referente del movimiento piquetero local, recibió las tierras. Según informes preliminares, la entrega de estas hectáreas se habría realizado sin cumplir con los requisitos normativos y los procedimientos establecidos para la cesión de tierras fiscales en la provincia, lo que generó controversia y malestar en sectores de la sociedad chaqueña.
Herlein explicó que la acción de lesividad es un recurso legal que busca declarar nula una decisión administrativa que, aunque inicialmente parecía ajustada a derecho, ha sido cuestionada por su impacto y posible irregularidad. En este caso, se trata de la cesión de tierras que, según el fiscal, debían haberse destinado a otros fines, como la promoción de actividades agrícolas o la creación de empleo en la región.
El caso ha generado gran interés en la provincia, dado que «Tito» López es un líder social de peso en Chaco, conocido por su trabajo en el movimiento piquetero. Sin embargo, su figura también ha sido polémica, y este nuevo episodio ha reavivado las tensiones entre el gobierno provincial y los movimientos sociales. Por su parte, López ha defendido la legalidad de la cesión, argumentando que las tierras fueron entregadas en el marco de programas destinados a promover la producción y el empleo en comunidades desfavorecidas.
La decisión de iniciar la acción legal también ha recibido apoyo de algunos sectores políticos y sociales, que ven en esta medida una oportunidad para hacer cumplir las normativas provinciales y evitar que los recursos públicos sean mal utilizados. En contraste, movimientos sociales afines a López han denunciado que la acción del fiscal es un ataque político, destinado a deslegitimar su trabajo social en la región.
El proceso legal que se abrirá en los próximos días buscará determinar si la entrega de las tierras a López fue efectivamente irregular. Si el tribunal acepta la acción de lesividad, las tierras podrían volver a ser propiedad de la provincia, abriendo la puerta a nuevos debates sobre su destino y uso futuro.
Mientras tanto, el gobierno provincial sigue de cerca la situación, consciente de que el fallo judicial podría tener implicancias no solo para este caso, sino también para otros procesos similares en los que se cuestiona la cesión de tierras públicas. La provincia del Chaco enfrenta una gran presión por parte de los sectores productivos y sociales que exigen una distribución más justa y transparente de los recursos.
Con la acción judicial a punto de iniciarse, el futuro de las tierras de Cote Lai está en manos de la justicia, en lo que promete ser un proceso clave para definir la política de tierras públicas en la región.
