El Poder Ejecutivo Nacional oficializó, mediante el Decreto 883/2025, el otorgamiento de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025. La medida, dispuesta por la gestión del presidente Javier Milei, tiene como principal argumento facilitar los preparativos y desplazamientos familiares en vísperas de las festividades, consideradas de hondo significado cultural, social y familiar, buscando además potenciar la actividad turística interna.
La disposición se alinea con la Ley N° 27.399, que establece al 25 de diciembre y al 1° de enero como feriados nacionales inamovibles. El asueto en las vísperas busca extender el período de descanso sin incurrir en costos adicionales para el Estado, garantizando que el personal pueda disponer de un tiempo razonable para el encuentro familiar y la realización de actividades vinculadas a las conmemoraciones.
CONTINUIDAD DE SERVICIOS ESENCIALES
Un punto crítico del decreto es la instrucción taxativa a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias que aseguren la continuidad de los servicios esenciales e impostergables. Este resguardo implica que áreas de seguridad, salud y otros servicios clave para la ciudadanía deberán operar con guardias mínimas reforzadas, garantizando la operatividad básica del Estado durante los días no laborables.
En un gesto de pragmatismo económico, el Artículo 3° del decreto especifica que la medida de asueto no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras. Este sector, cuyo funcionamiento es crucial para el cierre de año y las operaciones comerciales, deberá mantener su ritmo normal de actividad en las fechas mencionadas, evitando cualquier tipo de interrupción en la cadena de pagos y servicios financieros.
El panorama laboral en el sector privado es significativamente distinto. Legalmente, el 24 y el 31 de diciembre son considerados días laborables comunes. Por lo tanto, la concesión del día libre en empresas privadas queda a la exclusiva potestad de cada empleador, y en caso de que se trabaje, la jornada se liquidará con pago estándar, salvo que existan acuerdos o convenios colectivos que dispongan lo contrario.
Más allá del beneficio social para los empleados públicos, el Gobierno considera la medida como un factor de estímulo económico. Según un análisis del Ministerio de Economía, facilitar los desplazamientos internos durante un período de alto consumo como las fiestas, favoreciendo un fin de semana extralargo, tiende a incrementar la ocupación hotelera y el consumo en centros turísticos, dinamizando las economías regionales.
