A través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Ejecutivo subastará depósitos a largo plazo para volcar al mercado entre 17.000 y 18.000 préstamos con un tope de tasa de UVA más 7,5%.
El Gobierno nacional pondrá en marcha un nuevo esquema de financiamiento hipotecario que utilizará $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para inyectar liquidez de largo plazo en el sistema bancario. La iniciativa busca sortear la falta de fondeo estructural que frena el despegue del crédito para la vivienda, transfiriendo recursos previsionales a las entidades financieras mediante depósitos a plazo fijo para que luego los transformen en préstamos UVA para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.
El mecanismo prevé licitaciones periódicas por hasta $200.000 millones, en las que ningún banco podrá adjudicarse más del 20% de cada tramo licitado. Las entidades podrán captar estos fondos a un año —con una tasa mínima de UVA más 2,5%— o a cinco años, con un piso de UVA más 4,5%. A partir de la acreditación de los fondos, cada banco dispondrá de un plazo de 90 días corridos para colocar el dinero entre sus clientes, bajo préstamos con un monto máximo de hasta 150.000 UVA y un plazo que no podrá ser inferior a los 15 años.
La medida intenta reactivar la obra privada y el mercado inmobiliario tras meses de caída en la actividad económica y dificultades del sector bancario para ofrecer préstamos a plazos extendidos con tasas accesibles. Si bien el FGS no prestará el dinero de forma directa a los particulares, su uso vuelve a poner sobre la mesa el destino de los activos del sistema previsional para dinamizar metas de política económica y apuntalar la oferta crediticia del sector privado.
El aspecto central que condicionará el impacto real del programa es la tasa de interés final y el nivel de ingresos exigido para calificar. El Ministerio de Economía fijó un techo de UVA más 7,5% anual para los tomadores y presentó una simulación oficial: para una propiedad de u$s106.667 financiada al 75% ($120.920.000) a 25 años y con una tasa de UVA más 7%, la primera cuota mensual asciende a $865.098, lo que demanda un ingreso familiar neto de $3.460.391 para cumplir con una relación cuota-ingreso del 25%.
El despliegue operativo del plan todavía no comenzó debido a demoras formales en la firma del convenio entre la ANSES y el Banco Central, lo que postergó la primera subasta prevista originalmente para el 3 de septiembre. Una vez sellado ese acuerdo institucional y realizadas las primeras adjudicaciones, cada entidad financiera definirá sus propios criterios de elegibilidad, requisitos de scoring crediticio y la relación cuota-sueldo definitiva, abriendo un abanico de ofertas que no será homogéneo en todo el sistema.
Con la expectativa de alcanzar entre 17.000 y 18.000 operaciones en todo el país, el Ejecutivo apuesta a que los bancos convaliden el esquema y trasladen los fondos al público con tasas competitivas. El éxito del programa dependerá de que los ingresos familiares logren sostenerse frente a la inflación que actualiza el capital UVA, en un mercado donde la capacidad de pago real sigue siendo el principal filtro para acceder al techo propio.
