La imposibilidad de los productores de rastrear $1.100 millones en gastos viales pone en evidencia la falta de sistemas de transparencia en el gasto público subnacional.
El caso de los productores del partido de Colón, en Buenos Aires, que no pueden rastrear casi $1.100 millones supuestamente destinados a caminos rurales, no es solo un problema de gestión: es también un problema de tecnología pública y transparencia digital. En 2026, la trazabilidad del gasto estatal debería ser accesible para cualquier ciudadano con una conexión a internet.
Argentina cuenta desde hace años con herramientas de open data a nivel nacional —como el portal de datos abiertos del Ministerio de Economía o el sistema de seguimiento presupuestario— pero su implementación a nivel municipal y en fondos específicos como los de vialidad rural es fragmentaria y, en muchos casos, inexistente. Ese vacío es el que explota el reclamo de Colón.
Los fondos destinados a infraestructura vial rural suelen provenir de múltiples fuentes: coparticipación provincial, aportes del Fondo de Infraestructura Municipal o transferencias discrecionales. Cada uno de esos canales tiene sus propias reglas de rendición, lo que hace que el seguimiento ciudadano sea técnicamente difícil incluso cuando existe voluntad política de transparentar.
El dato más relevante desde el ángulo tecnológico es que la detección de la diferencia de $1.100 millones no vino de ningún sistema de alerta automática ni de auditoría digital: vino de productores organizados que compararon asignaciones con obra visible en el territorio. En otras palabras, el control lo hizo el ojo humano donde debería haberlo hecho un sistema informático.
La implementación de plataformas de seguimiento de obra pública georreferenciada —donde cada peso asignado a un camino rural pueda ser vinculado a un kilómetro concreto y verificado con imágenes satelitales— existe como tecnología disponible y ha sido usada en experiencias piloto en algunas provincias argentinas. Su generalización es una decisión política, no un límite técnico.
Mientras esa decisión no se tome, los reclamos como el de Colón seguirán dependiendo de la organización y la persistencia de los afectados para hacer visible lo que los sistemas de control no logran detectar. Los $1.100 millones en disputa son el síntoma; la falta de infraestructura digital de rendición de cuentas es la enfermedad de fondo.
