Tras semanas de cortocircuitos con la dirección formal y denuncias de una intervención paralela, renunciaron dos altos funcionarios. El trasfondo de una caja sensible cruzada por el déficit operativo y una asistencia millonaria del Tesoro.
El PAMI volvió a transformarse en el escenario de una solapada batalla de poder dentro del oficialismo con la salida de dos altos ejecutivos del organismo y el inmediato desembarco de un recambio alineado con Santiago Caputo. A pesar del intento de la Casa Rosada por encuadrar los movimientos dentro de una transición técnica y coordinada, las renuncias de la síndica general Florencia Zicavo y del funcionario Juan Cruz Montero dejaron al descubierto las crecientes fricciones entre las autoridades formales y la estructura de influencia directa que responde al principal asesor presidencial.
Según confirmaron fuentes oficiales, Montero será reemplazado por Verónica Pérez, una dirigente que llega de conducir la delegación de la obra social en San Martín. En un gesto de fuerte contenido político, la nueva funcionaria fue presentada de manera personal por el propio Caputo ante las dependencias del organismo. Tanto Montero como Zicavo habían recalado en el PAMI provenientes del Ministerio de Justicia bajo el paraguas del actual Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. En los pasillos oficiales explicaron que Montero dejó su cargo para volcarse a la política institucional en el club Vélez Sarsfield, mientras que Zicavo adujo motivos personales, buscando amortiguar la lectura de una purga interna.
Detrás de los desplazamientos subyace un clima de malestar que se venía gestando desde hace semanas. Montero era percibido internamente como una suerte de interventor que colisionaba con el director ejecutivo, Esteban Leguizamo, y el subdirector Carlos Zamparolo. La tirantez escaló al punto de que ambos directivos solicitaron una reunión de urgencia con el ministro de Salud, Mario Lugones, para transmitirle la imposibilidad de gestionar ante la duplicación de mandos. La respuesta del ministro fue derivarlos directamente a negociar con Caputo. "Es muy difícil gestionar con organigramas informales; no se sabe quién manda", admitió una fuente libertaria al retratar la superposición de roles.
La contienda por la conducción política ocurre sobre un escenario económico crítico para la entidad que brinda asistencia a unos 5 millones de jubilados. Diversos prestadores y clínicas privadas advirtieron en las últimas semanas que se encuentran al borde de la quiebra debido a las demoras acumuladas en el cobro de sus acreencias. Para contener la parálisis de los servicios médicos, el Ejecutivo debió autorizar el pasado 22 de mayo un giro extraordinario de $580.000 millones en concepto de aporte reintegrable, una cifra que expuso la severa dependencia del organismo respecto de los auxilios financieros directos de la Tesorería General.
Con la nueva configuración en el equipo ejecutivo, la prioridad fijada por la Casa Rosada pasa por acelerar el reordenamiento contable y profundizar el recorte del gasto operativo. El plan contempla reabrir el esquema de retiros voluntarios —vía por la que ya se desvincularon unos 1.100 agentes— para achicar la nómina salarial. En el equipo económico no descartan que, en caso de no alcanzarse las metas de reducción presupuestaria, se avance con una nueva ola de cesantías directas de personal, reeditando el esquema de ajuste implementado en los primeros meses de gestión.
El desenlace del recambio de funcionarios ratifica que Santiago Caputo mantiene una posición dominante en la administración del PAMI, neutralizando las resistencias de la conducción formal. La ratificación de su esquema de confianza al frente de la gestión ejecutiva deja en claro que el control de los resortes financieros más caudalosos del Estado continúa bajo la órbita directa de Balcarce 50, en un momento donde la resolución del déficit del organismo resulta prioritaria para el rumbo económico del Gobierno.
