El Gobierno nacional reconoció la vigencia de un fallo judicial que suspendió por seis meses dos artículos de la reforma laboral impugnados por el gremio de Comercio. Como consecuencia, los aportes sindicales y el convenio colectivo del sector seguirán operando mientras rija la medida cautelar dictada por la Justicia.
La decisión implica que las llamadas cuotas solidarias y otros mecanismos de financiamiento sindical cuestionados por la reforma continuarán siendo válidos durante el período de suspensión judicial. El Gobierno, al avalar el fallo, optó por no confrontar con la Justicia en este punto específico de la norma.
El episodio refleja las tensiones que genera la reforma laboral impulsada por la administración de Milei con los sindicatos y el Poder Judicial. El resultado de este capítulo podría sentar precedentes sobre cómo otros gremios enfrenten judicialmente disposiciones de la misma norma en los próximos meses.
