La licitación podría sumar 500 millones de dólares al Estado, pero la demanda empresaria obligó a correr los tiempos originales.
El Gobierno nacional decidió postergar el plazo para la presentación de ofertas en el proceso de privatización de AySA, la empresa estatal que provee agua y saneamiento al área metropolitana de Buenos Aires. La nueva fecha límite quedó fijada para el martes 15 de septiembre, según confirmaron fuentes oficiales.
La operación está valuada en torno a los 500 millones de dólares y forma parte del programa de reforma del Estado que la administración de Milei viene ejecutando desde su primer año de gestión. El interés empresario existe, pero aparentemente no fue suficiente como para sostener los plazos originalmente previstos.
AySA es una sociedad anónima de mayoría estatal que opera la red de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense. Su privatización fue incluida en la agenda de reformas estructurales del Ejecutivo como parte del ajuste del gasto público y la reducción del rol del Estado en la economía.
Lo que cambia la lectura es que la prórroga no responde a falta de interés genérico, sino a la complejidad de estructurar ofertas para un servicio público de esa escala. Según Clarín, hay empresarios concretos que están evaluando participar, aunque el portal no precisó sus identidades ni si ya presentaron manifestaciones formales de interés.
Con el nuevo calendario, las ofertas deberán estar ingresadas antes del cierre del 15 de septiembre. Si el Gobierno recibe propuestas viables, seguirá la etapa de evaluación y eventual adjudicación. Si el plazo vuelve a quedar desierto o las ofertas no cubren las expectativas, el proceso podría revisarse o extenderse nuevamente, aunque eso por ahora es un escenario posible y no un hecho confirmado.
La privatización de AySA es uno de los procesos más sensibles del programa de reforma estatal, dado que afecta a millones de usuarios del área metropolitana. El corrimiento del plazo al 15 de septiembre deja en suspenso por tres semanas más uno de los desembarcos privados más grandes que tiene pendiente el esquema económico del actual gobierno.
