La Justicia Federal homologó un acuerdo de reparación integral que resultará en una significativa inyección de fondos para el sistema de salud pediátrico argentino. La Fundación Garrahan recibirá 6,7 millones de pesos de parte de un comerciante imputado por infringir la Ley de Marcas (Ley 22.362) mediante la venta de indumentaria apócrifa en el barrio porteño de Once. Este pacto económico no solo asegura una compensación sustancial, sino que también pone fin al proceso penal contra el acusado, utilizando un mecanismo alternativo que prioriza la reparación social del daño.
El acuerdo, aprobado por el juez federal Sebastián Casanello, establece que el comerciante deberá abonar el monto total en tres cuotas actualizadas por inflación. Además de la transferencia económica a la Fundación, el pacto incluye la donación de la vasta cantidad de mercadería incautada a una entidad de bien público. Este desenlace judicial se configura como un ejemplo de la aplicación de soluciones consensuadas que redirigen las consecuencias del delito económico hacia fines de utilidad pública, específicamente, al crucial soporte del Hospital de Pediatría Garrahan.
La investigación se inició en mayo de 2023, cuando personal de la Policía Federal detectó al imputado descargando bolsas con 191 sweaters con logos falsificados de una reconocida marca. Las pesquisas posteriores revelaron que la cadena operaba con cuatro sucursales en Once, comercializando prendas y morrales con insignias apócrifas de alta gama. Los allanamientos culminaron con el secuestro de más de mil artículos (753 prendas y 250 morrales), cuyo peritaje confirmó su naturaleza ilegal.
Inicialmente, el dueño de los locales había ofrecido una reparación de 2 millones de pesos, una suma que fue categóricamente rechazada por la Fiscalía a cargo de Ramiro González. El fiscal argumentó en su dictamen que la cifra no guardaba «relación con sus reales posibilidades económicas», tomando en cuenta los ingresos mensuales del acusado y su patrimonio, que incluía propiedades y vehículos de alta gama. El rechazo se basó en que el ofrecimiento estaba muy por debajo, incluso, de la estimación más baja del valor de mercado de lo incautado.
Ante la negativa fiscal, el imputado mejoró su ofrecimiento a 6 millones de pesos (que se actualizaron a 6,7 millones en el acuerdo final), monto que la Fiscalía consideró que sí reflejaba la gravedad del caso y la capacidad financiera del acusado. Una vez establecida la razonabilidad económica, la Fiscalía exigió que el dinero fuese destinado a una entidad pública y propuso específicamente a la Fundación Garrahan, logrando así que la pena económica se transformara en un beneficio directo para la sociedad.
La base legal de esta resolución se encuentra en el artículo 59, inciso 6° del Código Penal, que permite la extinción de la acción penal «por conciliación o reparación integral del perjuicio». Expertos en derecho penal destacan que la homologación de este acuerdo por el juez Casanello no solo resuelve el caso de manera eficiente, sino que también se alinea con los criterios del nuevo Código Procesal Penal Federal, que promueve activamente el uso de herramientas alternativas para la resolución de conflictos penales complejos, sentando un precedente valioso al canalizar la sanción económica hacia la salud pública.
