El fallo sobreseyó a un adolescente acusado de robo y desató una rispidez entre el Poder Judicial y el Gobierno nacional.
La jueza porteña Laura De Marinis, del fuero penal juvenil, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, declaró inconstitucional la ley que bajó la edad de punibilidad a 14 años en Argentina. La decisión derivó en el sobreseimiento de un adolescente de esa edad que enfrentaba una acusación por robo, y encendió el debate sobre los límites del nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el oficialismo.
La magistrada consideró que la norma viola garantías constitucionales en casos como el analizado, aunque la fuente no especifica los artículos constitucionales invocados ni el fallo completo. La ministra de Seguridad de Chaco, Alejandra Monteoliva, fue una de las primeras funcionarias en reaccionar públicamente, cuestionando con dureza la resolución judicial y el criterio aplicado por De Marinis.
La rebaja de la edad de punibilidad fue una de las medidas más polémicas del paquete de seguridad que el Gobierno nacional impulsó en el Congreso. Hasta su sanción, la punibilidad plena comenzaba a los 16 años, con un régimen especial para menores. La modificación generó resistencia en sectores del campo jurídico, organismos de derechos humanos y parte de la oposición legislativa desde su debate parlamentario.
El dato que cambia la lectura es que no se trata de una crítica abstracta a la ley: hay una resolución judicial concreta que la inaplicó en un caso real y liberó a un imputado. Eso convierte el fallo en un precedente que otras defensas podrían invocar en causas similares, lo que podría multiplicar el efecto práctico de la decisión más allá de este expediente puntual.
El fallo puede ser apelado por la fiscalía y escalar hacia instancias superiores, incluyendo eventualmente la Cámara y, si el conflicto constitucional se sostiene, la Corte Suprema. Es un escenario posible, no confirmado. Lo que sí es un hecho es que la tensión entre el Poder Ejecutivo —que impulsó la ley— y el Poder Judicial —que comenzó a cuestionarla— ya es pública y explícita.
La ley bajó la punibilidad como respuesta oficial al aumento de la violencia protagonizada por menores en distintos puntos del país. Que un tribunal la declare inconstitucional en su primera aplicación concreta es, como mínimo, una señal de que el texto legal tiene flancos jurídicos vulnerables que el Gobierno deberá defender en los tribunales si quiere que la norma sobreviva al escrutinio judicial.
